Las centrales consideran inaplazable una recuperación de la cuantía del SMI, que ha perdido siete puntos de poder adquisitivo en la última década y que en 1991 crecerá un 6,5 por cien, 1,4 puntos menos que los salarios pactados en convenio.

UGT y CCOO propondrán también la supresión del SMI existente actualmente para los menores de 18 años, fijado para el 91 en 35.160 pesetas, por entender que supone una discriminación añadida sobre os más jóvenes.

En España, cobran el salario mínimo unos 400.000 trabajadores, gran parte de ellos empleadas de hogar, y reciben una prestación equivalente al 75 por ciento de su importe los perceptores del subsidio de paro, al que tienen derecho actualmente casi medio millón de desempleados con cargas familiares que han agotado las prestaciones contributivas.

Respecto a las empleadas de hogar, UGT planteará al Gobierno la modificación del decreto que regula su actividad, a fin de que sus empleadres no puedan pagarles menos del salario mínimo a cambio de una retribución en especie.

ACCESO A LA VIVIENDA

La importancia del SMI radica también en que la Administración lo utiliza como punto de referencia para la fijación de otras prestaciones sociales, incluido el derecho a acceder a viviendas de protección oficial.

En 1992 dependerá de la cuantía del SMI el número de españoles que podrán beneficiarse de una de las más importantes novedades del Plan de Vivienda, la que reconoce el derecho acomprar un piso de protección oficial a quienes tengan unos ingresos inferiores a 5,5 veces el salario mínimo.

Por otra parte, los sindicatos recordarán al Gobierno que la Carta Social del Consejo de Europa firmada por el Ejecutivo español hace varios años aboga por fijar el salario mínimo de cada país en el 68 por cien el salario medio. En 1991, eso habría supuesto un SMI próximo a las 90.000 pesetas.

La fijación del SMI es facultad exclusiva del Gobierno, según establece el Estatuto de los Trabjadores, que únicamente está obligado a "consultar", pero no a negociar, con los interlocutores sociales su revisión anual.

No obstante, el Estatuto determina que, al fijar el SMI, el Gobierno debe tener en cuenta cuatro criterios: la inflación, la evolución de la productividad, la coyuntura económica general y el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.

En la primera ronda de consultas para determinar el SMI, convocada para el día 26, participarán representantes del Miniserio de Trabajo, de la patronal CEOE y de los sindicatos UGT y CCOO.

Las fuentes sindicales consultadas por Servimedia afirmaron que "sería un escándalo que la Administración no ofreciera para el salario mínimo un aumento varios puntos por encima del pagado a los funcionarios públicos".