El acuerdo, para que el se han empleado seis meses de negociaciones, supone de hecho a creación de un organismo que gestionará todos los recursos que la Administración Pública vasca destinada a la formación de los trabajadores.

La Entidad de Formación Continua está integrada a partes iguales entre sindicatos y empresarios, que venían reclamando la asunción de esta competencia.

El acuerdo contempla el compromiso que el Ejecutivo autónomo y los sindicatos con presencia en el FORCEM (Acuerdo Nacional para la Formación Continua) adquieren para reclamar a este organismo que transfieradirectamente a la nueva entidad las cantidades que anualmente destina para la formación.

Los sindicatos nacionalistas, ELA y LAB, consideran la firma del convenio como un triunfo de las tesis autonomistas que venían manteniendo frente al resto de los sindicatos. De hecho, UGT ha mantenido sus reservas hasta última hora para sumarse a esta firma. La apuesta del consejero de Trabajo del Gobierno vasco, el socialista Ramón Jauregui, ha sido decisiva para vencer las reticencias de UGT.

Los firmantes an destacado que el acuerdo es novedoso por la implicación de la Administración Pública como supervisora y mediadora entre los sindicatos y la patronal.

Según ELA "a diferencia del modelo estatal de formación continua, que es administrado por el FORCEM (con la única presencia de patronal y sindicatos), el acuerdo abre las puertas a una utilización más transparente y eficaz de los recursos económicos, gracias a su carácter tripartito".