Según explicaron hoy ambos sindicatos, la oposición a la iniciativa de Sacyr se fundamenta en el carácter "hostil" de la operación y en sus "fuertes connotaciones especulativas", dado el elevado nivel de endeudamiento de la constructora, de manera muy especial con el BBVA, respecto de sus recursos propios.

Además, manifestaron su "preocupación" por el papel que que representa el Grupo Santander en el proceso, a pesar de que Juan Abelló ya ha salido del consejo de administración del banco presidido por Emilio Botín, por lo que advirtieron quese mantendran "vigilantes" al respecto.

Los sindicatos también criticaron al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, por haber recomendado un acuerdo entre Sacyr y BBVA, un día antes del consejo de la constructora en el que se iba a examinar la situación de la operación.

En este sentido, afirmaron que las declaraciones del ministro "generan más confusión" y advirtieron que "no sirven para tranquilizar a los trabajadores, clientes o accionistas del BBVA", sino que "contribuyen a reavivar la polémica".

"ESPAÑOLIDAD" DE BBVA

Asimismo, CCOO y UGT consideraron que "difícilmente se puede justificar la operación para garantizar la españolidad de BBVA", ya que esa intención manifestada por el ex comisario europeo dificulta las posibilidades del banco para optar a un crecimiento en cualquiera de los países de la Unión, por ejemplo en su pulso en la entidad financiera italiana BNL.

A su juicio, la defensa de la "españolidad" tampoco se entiende si se tiene en cuenta la reciente adquisición del quinto banco británico (Abbey National) por el SCH, además de "no corresponderse con la realidad de la notable presencia en el accionariado de los grandes bancos españoles de fondos de inversión, fondos de pensiones e inversores institucionales extranjeros o no residentes".

En concreto, se trata del 45% del capital de BBVA, del 49% en el Banco Popular y del 50% en el caso del SCH.

Finalmente, los representantes de los trabajadores exigieron "responsabilidad" a las autoridades económicas y a los organismos reguladores, contribuyendo a introducir "elementos de cordura y no de confusión".