Los sindicatos propondrán al Ministerio de Industria que esta plataforma sirva de base a una planificación concertada de la minería, según explicaron en rueda de prensa los secretarios generales de las federaciones de UGT y CCOO, Anatolio Díez Merino y Rafael Varea, respectivamente.

En esta plataforma, las dos centrales piden también la reducción de la edad de jubilación en la minería, el aumento de las vacaciones a 35 días (ahora oscilan entre 25 y 29) y que el importe de las pagas extras sea quivalente a una mensualidad de salario real.

Rafael Varea reconoció que el carbón importado es más barato que el español, pero subrayó que una política basada en la importación resultaría más cara social y presupuestariamente, porque el Estado tendría que hacerse cargo de un fuerte aumento de los subsidios de paro en las cuencas mineras.

36.500 EMPLEOS EN PELIGRO

En el sector minero español trabajan actualmente unos 88.000 trabajadores, de los que 50.000 pertenecen a la minería del carbón y esán empleados mayoritariamente en la empresa pública Hunosa.

Según los sindicatos, los planes de reconversión del Ministerio de Industria prevén la pérdida de 11.500 puestos de trabajo directos antes del 31 de diciembre de 1993, lo que acarrearía la desaparición de otros 25.000 empleos indirectos.

Los dirigentes de la minería de UGT y CCOO se mostraron convencidos de que la potenciación del sector minero conviene a los intereses nacionales, porque permitiría aumentar el nivel de autoabastecimientoenergético con recursos autóctonos.

A su juicio, la política energética aplicada por el Gobierno beneficia principalmente a las empresas eléctricas y los intereses financieros ligados a ellas.

Para acabar con esta situación, proponen que las empresas mineras "puedan ingresar en el sector eléctrico, como paso previo a la diversificación de su actividad en la construcción de centrales termoeléctricas desde el propio sector minero".

Los sindicatos consideran igualmente necesario poner en marchaun programa de formación profesional para el sector, coordinando recursos y competencias de las administraciones autonómicas y la central.