La presidenta nacional del sector de Justicia CSI-CSIF, Julia Jiménez, mostró su satisfacción por los resultados de la huelga y destacó que en algunos centros "ni siquiera se han cumplido los servicios mínimos delimitados por el Ministerio de Trabajo", e incluso, en algunos puntos concretos, "la participación ha sido del 100%".

El coordinador general del sector de Administración de Justicia de la FSAP-CCOO, Javier Hernández, afirmó que esta situación es la respuesta al incumplimiento de la reforma retributiva y de las condiciones de trabajo firmada en octubre de 2003, por las que el Ministerio de Justicia impulsaría la modernización y la titulación académica de los funcionarios del sector.

Una de las críticas de mayor calado vertidas por Hernández fue la distinción que se sigue realizando en el marco retributivo, donde continúa negándose la cantidad de 1.500 euros al año que le corresponde a cada uno de los 40.000 funcionarios del sector, tal y como marca el acuerdo firmado.

En este sentido, destacó que los 3.000 jueces que hay en la actualidad han visto incrementadas sus retribuciones en un mínimo de 600 euros al mes, lo que demuestra que este acuerdo "no se está llevando bajo el consenso".

Jiménez, criticó los "intentos de sabotaje" de esta huelga por parte del Gobierno, alegando que el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, envió una carta por correo electrónico interno a todos los funcionarios del sector en la que negaba la firma de tal acuerdo".

Ante esta situación, alegó este tipo de actuaciones que llevó a cabo la Administración antes de la huelga se realizaron "con el único objetivo de confundir a los compañeros".

De este modo, la sindicalista de CSI-CSIF prosiguió su lista de críticas alegando que López Guerra "coaccionó a los trabajadores al pedir una lista con nombres y apellidos" en la que estuvieran todos aquellos que tuvieran previsto acudir a la huelga.