Con el fin de denunciar estos y otros riesgos derivados de la nueva normativa, delegados de UGT, CCOO y Sindicato Ferroviario se concentraron hoy ante el Ministerio de Fomento y exigieron que se cuente con las organizaciones sindicales a la hora de desarrollar la Ley del Sector Ferroviario, que entrará en vigor el próximo 19 de mayo.

Según los sindicatos, esta ley es el resultado de la "adaptación tendenciosa" por parte del Gobierno de las políticas liberaizadoras emanadas de las diferentes directivas europeas.

Honorio Vázquez, secretario general del Sector Ferroviario de UGT, señaló que los representantes de los trabajadores del sector deben participar en todo lo que afecte al mundo del ferrocarril y aseguró que el problema no es la ley, sino los 36 desarrollos complementarios que se están haciendo al margen de los sindicatos, que son quienes realmente entienden del asunto.

El secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, Juan Carlos Cáceres insistió en la necesidad de diálogo entre la Administración y las organizaciones sindicales con el fin de conseguir un correcto desarrollo normativo.

Los sindicatos, que denunciaron "falta de coherencia", "contradicciones" y "chapucerías" en el desarrollo de la ley, exigieron un ferrocarril público que ofrezca un servicio eficaz, sanear la deuda de Renfe para fomentar su competitividad y asegurar los volúmenes de negocio, tanto en el transporte de viajeros como de mercancíaas, para frenar el déficitgarantizar un futuro viable.

Las organizaciones sindicales han convocado una manifestación de los trabajadores del sector para el 21 de febrero en Madrid y no descartan la convocatoria de una huelga, si bien de momento no han acordado realizar paros.