Al término del encuentro, los sindicatos y la patronal dijeron que no rechazan la oferta del Gobierno de traspasar la gestión de las prestaciones contributivas a los interlocutores sociales, pero que tampoco la aceptan porque "no está clara y concretada". Por ello, han solicitado al Gobierno que concrete su propuesta en un documento, que les será remitido la próxima semana.

Arango explicó que el traspaso de la gestión de las prestaciones contributias a empresarios y sindicatos es una oferta abierta, no compulsiva, "para decidir si metemos el toro -refiriéndose a la propuesta de reforma del Inem- en los corrales o seguimos toreando".

Según Arango, la oferta del Gobierno consiste en mantener el sistema público de prestaciones por desempleo, cediendo una parte de ese sistema, concretamente las prestaciones contributivas, a la gestión de los empresarios y sindicatos, que crearían para ello un órgano paritario interprofesional.

Este órgano tendía las funciones de reconocer las prestaciones contributivas, pagarlas y declarar su suspensión o extinción. También tendría plena autonomía para aumentar o reducir los tipos de cotización al desempleo, bajo el principio de que no es un sistema de capitalización, por lo que si en un ejercicio sobrara dinero se emplearía en pagar las prestaciones del año siguiente.

El secretario general de Empleo explicó que la recaudación de las cuotas al desempleo es un tema abierto a la negociación y que podría realzarla el organismo paritario que creen los empresarios y sindicatos o la Seguridad Social, previo convenio con su correspondiente tarifa de recaudación.

AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

Arango señaló que los empresarios y sindicatos deberán garantizar el funcionamiento del sistema y su viabilidad y resaltó que la autosuficiencia financiera a través de las aportaciones al desempleo de empresas y trabajadores sería "la regla de oro" de este nuevo sistema contributivo.

El responsable de Empleo no quiso ronunciarse claramente sobre si el Estado asumiría o no el déficit del nuevo sistema de prestaciones contributivas en caso de que lo hubiera, aunque aseguró que el Estado sería el garante de que el sistema de autosuficiencia funcionara, pero agregó que el mecanismo para ello debería fijarse en las negociaciones.

Las labores de inspección y control serían competencia de la Administración, así como la gestión del subsidio de desempleo, que pasaría a ser gestionado por la Seguridad Social, según Arango, uien afirmó que la aportación del Estado al desempleo se centraría en este subsidio.

Arango insistió en que todo esto es sólo una oferta y que si los empresarios y sindicatos la rechazan, el Gobierno traspasará la gestión de las prestaciones contributivas y asistenciales a la Seguridad Social, con el fin de que el Inem concentre sus esfuerzos en la colocación de los desempleados y su formación. Por ello, el primer eje de la reforma serán las oficinas del Inem.

Aseguró que el Inem seguirá siendo u servicio público de empleo gratuito y exclusivo, que no alterará ni la Ley Básica de Empleo ni el Estatuto de los Trabajadores, al tiempo que lanzó un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos asegurando que, "en cualquier caso, la reforma del Inem no supondrá la pérdida de derechos ni ningún problema para desempleados".

En cuanto a las agencias privadas de colocación, señaló que están prohibidas en España, pero que otra cosa son las empresas de trabajo temporal, que existen en la mayoría de los paíse comunitarios. Arango, los sindicatos y la patronal han acordado que la discusión sobre este aspecto se traslade a la mesa de negociación sobre la reforma de las modalidades de contratación.

NI RECHAZO NI ACEPTACION

Por su parte, la secretaria de Empleo de CCOO, Salce Elvira, y el secretario de Acción Institucional de UGT, Emilio Castro, señalaron que "no rechazamos frontalmente la oferta del Gobierno ni la aceptamos, ya que no se nos ha clarificado y no sabemos de qué estamos hablando".

Los sidicalistas exigieron un documento que concrete la reforma para pronunciarse, al igual que la patronal, y dijeron que están abiertos a cualquier tipo de propuesta, pero reiteraron que "estaremos siempre en contra del desmantelamiento del Inem y del recorte de las prestaciones".

"Si la posición es lanzar un torpedo que diga que si no hay suficiente se aumenten las cotizaciones al desempleo y se reduzcan las prestaciones a los parados, no lo aceptamos", manifestó Castro. A este respecto, Elvira señaló qu "los sindicatos no estamos dispuestos a autohacernos 'decretazos'".

Castro insistió en que las prioridades de los sindicatos son que los parados tengan un mejor acceso al empleo a través de las oficinas del Inem y que se les siga garantizando el cobro de sus prestaciones. Señaló que el aspecto de la gestión de las prestaciones no es una prioridad.

Los sindicalistas expresaron su rechazo a la legalización de las empresas de trabajo temporal y pidieron al Gobierno que explique porqué quiere pasar a gestión de las prestaciones a la Seguridad Social.

Por su parte, Juan Jiménez Aguilar, secretario general de la CEOE, expresó su sorpresa por la reunión de hoy con Arango, "porque creíamos que se nos iba a entregar un documento escrito para analizar la propuesta del Ejecutivo y explicarlo a nuestras organizaciones, para decidir después".

"No rechazamos la oferta, pero tampoco la aceptamos porque el diseño y perfil no está claro y concretado y no tenemos elementos de juicio suficientes para analzar su alcance", dijo el responsable de la patronal empresarial.

Empresarios y sindicatos analizarán el documento que les envíe el Gobierno concretando su propuesta y se reunirán después nuevamente con Arango para exponer sus posturas.