Según manifestó el vicesecretario general del PP Javier Arenas a la Ser, en su partido "globalmente no podemos estar en contra, porque hemos dicho en la campaña electoral que habría que estudiar algunas privatizaciones".

Por el contrario, para el secretario de Acción Sindical de CCOO, Agustín Moreno, el plan -que prevé la privatización de empresas omo Argentaria, Telefónica, Tabacalera o Endesa, según publicó el diario "El País"- "es probablemente una concesión a las presiones de la derecha nacionalista".

En declaraciones a Servimedia, Moreno apuntó que este intento supone una forma de "repescar" el fracasado plan de convergencia y constituye un "profundo error" y "un pésimo negocio" para el Estado, porque este tipo de operaciones "son pan para hoy y hambre para mañana".

"Hoy se pueden obtener unos recursos financieros producto de la ventade las empresas rentables para reducir el déficit público, pero a medio plazo es renunciar a una fuente segura de ingresos para el Estado, y lo más grave es que significa perder un instrumento capital para una política económica y de reindustralización".

Añadió que la privatización constituiría también "una ganga" para el capital privado "que, ahora que hay una cierta reducción de los tipos de interés, encuentra otra fuente para buscar inversiones más rentables".

Moreno recalcó que, con estas meddas "no asistimos a un giro a la izquierda, ni a la demanda social ciudadana y política que hubo el 6 de junio, sino a un giro a la derecha en el terreno político, en el terreno económico y en los recortes que se pretenden en el Estado de bienestar, al más puro estilo 'thatcherista'".

INCAPACIDAD PARA SALVAR LA ECONOMIA

En términos similares se expresó su homólogo de UGT, Apolinar Rodríguez, que manifestó a esta agencia que, con estas medidas "conservadoras", el Gobierno "parece que se plantea una lquidación del patrimonio al estilo de la experiencia inglesa y francesa".

Rodríguez indicó que privatizar las grandes empresas públicas "apuntalaría la incapacidad del Gobierno para salvar la economía y la productividad", además de suponer "una definitiva renuncia no sólo a crear, sino a mantener el empleo".

Para el responsable de UGT, no es aceptable una reducción "transitoria y relativa" del déficit público "bajo un principio engañoso a costa de perder patrimonio", y apuntó la necesidad de "decdirse de una vez por un plan de lucha contra el fraude fiscal de carácter estable, que incorporaría más recursos a los ingresos públicos que la venta de la totalidad de las empresas públicas".

El líder sindical reconoció a Servimedia su sorpresa ante esta información, ya que el tema no fue mencionado "ni de pasada" por el ministro de Economía, Pedro Solbes, durante la reunión de la mesa negociadora del pasado jueves.

Rodríguez estimó que Solbes "no es capaz de adelantar ninguna medida que se diria al relanzamiento económico" y agregó que "el desmantelamiento de la empresa pública industrial no tiene ninguna traslación en términos de eficacia".

Precisó además que en el próximo encuentro de la mesa negociadora piensa pedir al ministro que aclare las intenciones del Ejecutivo para el desarrollo de medidas productivas, ya que el Gobierno "no puede perder la responsabilidad sobre los puestos de trabajo de las empresas del sector público".