Las centrales se oponen al despido de huelguistas, a que la Administración tenga la última palabra en la fijación de los servicios mínimos, a las multas previstas por su incumplimiento, y a la posibilidad de sustituir huelguistas por terceros, entre otras cosas.

El secretario de Acción Institucional de UGT, Emilio Castro, manifestó a Servimedia que la ley de huelga es "reaccionaria" y forma parte de una estrategia de reorte de los derechos sociales para facilitar la aplicación de medidas duras en política económica.

A su juicio, la ley "dará más manga ancha a los empresarios, lo que demuestra que este Gobierno se pasea ya sin ningún proyecto que no sea favorecer a los de siempre y mantenerse ellos en el poder, a costa de lo que sea".

Según el dirigente ugetista, el Gobierno práctica la "filosofía del cangrejo", ya que la nueva norma "empeora el decreto ley que regulaba el derecho de huelga desde 1977 y quieren acer funcionar para atrás a la clase trabajadora".

Por su parte, el secretario de Comunicación e Imagen de CCOO, Angel Campos, declaró que la ley es "un golpe bajo" a la Constitución y supone un paso atrás respecto a la normativa anterior, pese a que fue promulgada en la transición a la democracia.

En su opinión, el método seguido para sacarla adelante es "intolerable", porque sólo ha habido consultas y no una negociación real con los sindicatos, lo que irá en menoscabo de su eficacia.

SegúnCCOO, la propuesta de autorregulación presentada por las dos centrales mayoritarias habría conseguido en mayor medida que la ley una racionalización de la conflictividad laboral y un menor perjuicio a terceros en las huelgas de servicios esenciales.