Según informó hoy el secretario general de Transportes de CCOO, Alfredo García Moreno, las medidas de presión, que comenzarán a finales de este mes o principios de diciembre, consistirán, en una primera fase, en manifestacioes "blandas", a las que convocarán también a los automovilistas.

Posteriormente, si estas medidas no tienen la repercusión que ellos pretenden -frenar el recorte económico en el consorcio-, los sindicatos iniciarán otra serie de actuaciones más duras, como podría ser el boicot a los medios de transporte públicos con la utilización masiva del vehículo privado.

"La sublevación será de las mismas consecuencias que la agresión, que es la más grave que ha hecho el Ayuntamiento", señaló.

García Moeno indicó que con esas medidas, los sindicatos y usuarios del transporte público intentarán evitar que la reducción en la aportación del Ayuntamiento al Consorcio Regional de Transportes -al que anunció que sólo aportará 10.000 millones de pesetas de los 16.000 que le corresponden-, no conlleve ninguna medida que perjudique a los viajeros.

A su juicio, esa negativa municipal repercutirá principalmente en el Metro y la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ya que son propiedad del Ayuntamiento en un65 y 100 por cien, respectivamente, medios de transporte usados por el 83 por ciento de los viajeros totales de Madrid.

Entre esas consecuencias, señaló que la disminución de las cantidades económicas municipales significará una subida de las tarifas para cubrir el servicio, que en el Metro se duplicarían.

"Esto arrastraría también que las administraciones no podrían subvencionar la tarjeta de transporte, que ahora es el título más subvencionado, con lo que habría que eliminarla o subir su precio, señaló.

REDUCCION DEL SERVICIO

Otra de las repercusiones que tendrá la negativa municipal a aportar los 6.000 millones de pesetas podría ser, a su juicio, la reducción en más de un 40 por ciento del servicio de transportes, lo que significaría una reducción del personal de Metro y de la EMT.

García Moreno advirtió que, además, las otras dos administraciones implicadas en el Consorcio -el Estado y la CAM- también podrían optar por reducir sus aportaciones en la misma medida en que lo haga el Auntamiento.

Esto supondrá, en su opinión, que el presupuesto del organismo regional para 1992, unos 60.000 millones de pesetas, se vea reducido en más de la mitad.

"Esto es un leñazo para el sistema de transportes, que empezaba a tener un indicio de mejorar", dijo.

Para el secretario general de CCOO, el Ayuntamiento utiliza un argumento simplista y casi infantil para justificar su actitud, ya que "dice que la parte que le corresponde pagar sea repartida entre todos los municipios de la CAM, n función de su población".

En su opinión, la población es un indicador engañoso, porque más del 70 por ciento de los puestos de trabajo están en la capital y "lo único que debe tener en cuenta cada ayuntamiento es los sistemas de transporte que posee y pagarlos", añadió.

Afirmó que el verdadero argumento del Ayuntamiento es que no tiene dinero, porque lo está destinando para actuaciones en el viario, optando por favorecer el transporte privado.

"Los ciudadanos reclaman desde hace años un meor sistema de transporte público como vía para solucionar el tráfico. Pero", resaltó, "si no sólo no se mejora, sino se empeora, los ciudadanos tendrán que volver al vehículo privado, invirtiendo la tendencia.

A su jucio, lo que hace el Ayuntamiento, "por ignorancia", es plantear directamente un enfrentamiento con la sociedad civil, verdadera perjudicada.

Por último, García Moreno hizo un llamamiento al alcalde, José María Alvarez del Manzano, "para que deje de escurrir el bulto, como viene haciedo".

"Que cumpla sus compromisos de aportar los 16.000 millones, tal como se comprometió el año pasado el anterior alcalde, con el visto bueno del PP, para salir en la foto", concluyó.