El secretario general de STAJ, Vicente Navarro, explicó a Servimedia que tanto su sindicato como CSI-CSIF decidieron esperar para desconvocar la huelga a que los trabajadores refrenden el acuerdo alcanzado hoy en una consulta que tendrá lugar el martes, mientras que CCOO y UGT -mayoritarios en el sector- han dado ya el paro por finalizado.

A pesar de no desconvocar inmediatamente la huelga, Navarro explicó que STAJ y CSI-CSIF están "satisfechos" con el acuerdo alcanzado y anunció que promoverán el "sí" en la consulta del martes.

El representante sindical explicó que el acuerdo alcanzado en la reunión de hoy, la decimoquinta desde el inicio de la huelga, contempla un incremento salarial de 190 euros -frente a los 200 reclamados por los sindicatos-, una súbida que se articularía en tres fases.

En una primera etapa, el salario de los trabajadores se incrementaría 160 euros mensuales este año, de los cuales 80 tendrían lugar con efecto retroactivo desde el 1 de enero y otros 80 se comenzarían a pagar el 1 de julio.

Los 80 euros no abonados de los primeros seis meses del año se incluirían en una paga extraordinaria de 480 euros, que se haría efectiva en enero de 2009. En ese año se mantendrían estas cantidades y se ampliarían en 30 euros más.

Navarro también señaló que en el encuentro se ha llegado a a un acuerdo en lo que se refiere al otro gran escollo en la negociación, determinar cómo se recuperará el trabajo acumulado en los juzgados en los dos meses de huelga, aunque no pudo pormenorizar el contenido del citado compromiso.

Los funcionarios judiciales -agentes, oficiales y auxiliares- dependientes del Ministerio de Justicia iniciaron la huelga indefinida el pasado 4 de febrero para reclamar un aumento salarial que les equipare retributivamente a sus compañeros que trabajan en los órganos jurídicos dependientes de la comunidades autónomas que tienen las competencias de Justiciatransferidas.

En ella participan 9.500 trabajadores de siete comunidades autónomas (Castilla y León, Castilla La-Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias), además de Ceuta y Melilla y los órganos judiciales de ámbito estatal, como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.