En la reunión de anoche, en la que participó una representación de la Asociación de Cónyuges e Guardias Civiles, la gestora, formada por cinco miembros, acordó no formular ninguna denuncia, "en señal de buena voluntad y de neutralidad política", para no entorpecer la campaña electoral.

Además, aprobó un documento en el que hace un llamamiento al poder judicial, especialmente al Tribunal Constitucional, para que "de una vez por todas reconozca nuestros derechos constitucionales, legalizando nuestra situación jurídica".

En el escrito, la gestora expresa su agradecimiento a aquellas entidads y sindicatos "que han mostrado su apoyo al movimiento democrático de la Guardia Civil" y especialmente a IU, ERC, Los Verdes y la Chunta Aragonesista, formaciones que recogen en sus programas electorales "las legítimas reivindicaciones del movimiento", al tiempo que hace un llamamiento a los demás partidos políticos para que hagan lo mismo.

Asimismo, lamenta la línea seguida por el Gobierno socialista, "que sistemáticamente ha incumplido sus promesas respecto a las reinvidicaciones de los guardias cviles, promesas que figuraban en su programa de 1982".

Respecto a las reivindicaciones salariales, la gestora pide la equiparación con las policías autonómicas y locales, dejando constancia de la discriminación que, a su juicio, sufre la Guardia Civil respecto a esos cuerpos, y hace un llamamiento al Ejecutivo para la pronta promulgación del reglamento orgánico de la Benemérita.

Piñeiro explicó que con la creación de esta nueva asociación "tendemos la mano una vez más para que se nos reconozcan nestros derechos fundamentales, para que la Guardia Civil de una vez por todas se pacifique y sea una Guardia Civil profesional, reparando todas las anormalidades que ha venido teniendo".