Según la asociación, después de años “plantando cara, de innumerables personas que han desobedecido leyes injustas”, se ha demostrado que “todo es cuestión de lucha y voluntad política”.

Seguirá por ello “adelante” mientras se asegura de que “lo poco que se ha ganado se hace realidad”. “Sabemos, por experiencia, que la aprobación de una ley no asegura que se cumplan nuestros derechos, sino que todo depende de si hay un sindicato fuerte capaz de hacerlos efectivos”, añadió.

Para el Sindicato, la regulación de los alquileres tiene “serios defectos que desvirtúan su intención de bajar el precio del alquiler” y será “difícilmente efectiva sin una implicación directa del sindicato”.

Así, entre los “agujeros” de la ley, la asociación subrayó que “se dejan fuera de la regulación a los alquileres de temporada”, la posibilidad de subir un 10% el precio en zonas tensionadas “alegando simples mejoras en la accesibilidad”, la posibilidad de subir el precio “incorporando tributos como el IBI” y las subidas interanuales permitidas del 2% en 2023, el 3% en 2024, y “sin un límite claro a partir de 2025”.

Además, criticó que la diferenciación entre grandes y pequeños propietarios, pues, además de “dificultar la implementación de la ley”, no tiene “fundamento”, ya que “lo importante es poner coto a quien especula, al margen de su tamaño”.

Otras de las cuestiones de la ley criticadas por el sindicato es que “se dilatan los desahucios, pero no se paran”, ya que “no se prohíben los lanzamientos sin alternativa habitacional”, pese a que sí se introducen “mecanismos como la conciliación y la intermediación”. Tampoco se paran los “desahucios invisibles”, que se producen cuando “se acaba el contrato del alquiler, aunque se haya cumplido con todas las obligaciones contractuales”.

También rechazaron los beneficios fiscales establecidos por la ley, que se rebajan del 60% al 50% para los casos generales, pero se introducen nuevos supuestos que pueden llegar a suponer una rebaja del 90%. Según el sindicato, la eficiencia de las deducciones es “cuanto menos dudosa” y estas son “son profundamente injustas”, ya que aumentan la “desigualdad entre quienes tienen propiedades y viven de rentas, y quienes no tienen propiedades y viven de su trabajo”.

AVANCES

Entre los avances, el Sindicato reconoció que los inquilinos ya no deberán pagar “honorarios injustos” a las inmobiliarias. Según su explicación, la ley reconoce ahora que las inmobiliarias “no son meras intermediarias, sino que trabajan para los rentistas”, por lo que los honorarios suponían “no solamente un robo sino una barrera muy importante de acceso a la vivienda para muchas personas”.

Además, cree que esta cuestión termina con un mecanismo monopolizador de la oferta inmobiliaria. Según el Sindicato, las agencias “hacían una oferta difícil de rechazar al particular que ponía un piso en el mercado”, que consistía en gestionar la vivienda, conseguir un precio más alto y no pagar “nada”. “Esto se ha terminado”, celebró.

También consideró un avance la rebaja de diez a cinco las viviendas para ser considerado gran tenedor, la penalización de los pisos vacíos y terminar con la política “franquista” de “hacer vivienda protegida que al cabo de unos años pasa al mercado privado, hinchando burbujas de precios”.