El teniente coronel fue condenado por la Audiencia de Bilbao a seis años y un día de inhabilitación por un delito de prevaricación, en el juicio seguido contra él y otros ocho guardias civiles acusados de torturar en 1981 a Tomás Linaza, padre del miembro de ETA del mismo nombre.

El sindicato señala en su escrito que Roldán debería recordarque los guardias civiles acusados de sedición también tienen derecho a la presunción de inocencia y, sin embargo, "todos ellos han pasado por la cárcel y han sido amenazados con la expulsión del cuerpo".

"También hay que recordarle al Gobierno que ha sido demandado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, precisamente por violar el derecho de presunción de inocencia de los guardias, que cumplen las sanciones de arresto y privación de libertad sin que ningún tribunal independiente e imparcil se pronuncie sobre la legalidad de las sanciones impuestas por la Administración", dice el comunicado.

Asimismo, especifica que el artículo número 4 de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y el artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que entrará en vigor cuando el texto sea aprobado por las Cortes, disponen que "la iniciación de un procedimiento penal contra miembros de la Guardia Civil no impedirá la incoación y tramitación de expedientes discilinarios por los mismos hechos".

El futuro régimen disciplinario tipifica como falta muy grave, y por lo tanto sancionable con la separación del cuerpo, "el abuso de atribuciones y la práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a las personas que se encuentren bajo su custodia".

Por ello, apunta el SUGC, "consideramos que Luis Roldán quiere eximirse de la responsabilidad, al no haber ordenado la incoación del oportuno expediente disciplinario o gubernativo al tenientecoronel".

Roldán señaló ayer en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso que no tendría validez separar a Masa del cuerpo, ya que la sentencia de la Audiencia de Bilbao que lo condenó por un delito de prevaricación no es firme y está recurrida ante el Tribunal Supremo.