También pidió lacelebración, en el Parlamento regional, de un pleno sobre la situación del urbanismo madrileño, la revisión delas actuaciones urbanísticas desarrolladazas por Porto y la elaboración de un plan regional de estrategia territorial que garantice el interés general, y no el de unos pocos.

Simancas, que visitó hoy una zona de San Lorenzo de El Escorial donde el ayuntamiento pretende levantar otro casco urbano con más de 7.000 viviendas y que se encontraría alejado a 15 kilómetros del casco urbano actual, dijo que éstaes "una barbaridad urbanística diseñada por Plarquin -antigua empresa de Porto- para beneficio de unos pocos".

El portavoz socialista, que calificó la visita de esta mañana como un punto más de las rutas de las "oportunidades", destacó que Porto "ha sembrado un manto de irregularidades y corruptelas en el urbanismo regional que también alcanzan al municipio de San Lorenzo de El Escorial".

Simancas hacía de este modo referencia a la adjudicación del avance del Plan General de este municipio a Plarquin (empresa de los socios de Porto) en mayo de 2004, cuando Porto era ya una alto cargo público de la Comunidad.

Indicóque este avance, diseñado por Parquin, plantea un nuevo desarrollo a 15 kilómetros del núcleo urbano actual de San Lorenzo, una actuación urbanística sobre tres millones de metros cuadrados (lo mismo que la Operación Chamartín) en plena sierra madrileña y dentro de la Cerca Histórica de Felipe II.

En este ámbito y según este avance, se prevé la construcción de 7.000 viviendas, o lo que es lo mismo, una nuevo barrio para 20.000 personas y sin los servicios esenciales, que se encuentran a 15 kilómetros, y por ello, "se trata de una barbaridad urbanística, diseñada por la empresa de los familiares de Porto, para el beneficio de unos pocos".

Simancas dijo que "el favor de este negocio lo devolvió Porto en el año 2005 cuando en un juicio por irregularidades urbanísticas contra el actual alcalde de San Lorenzo de El Escorial desautorizó a los peritos que habían elaborado los informes técnicos para contribuir a que el regidor saliera indemne del proceso".

Simancas subrayó que "tanto Aguirre como Zabía tienen que asumir su responsabilidad; en el caso del consejero, porque su situación es insostenible, y en el de la presidenta regional, porque no puede esconderse y tiene que evitar consecuencias negativas sobre el medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos".