Después de reunirse con el presidente de la Cámara de Cuentas, explicó que solicitará que la Comisión de Presupuestos de la Asamblea requiera un informe a la Cámara de Cuentas sobre "el ajuste a la legalidad vigente del gasto institucional en propaganda y publicidad que el Gobierno regional está llevando a cabo durante esta legislatura".

A su juicio, este documento debería establecer si este gasto cumple la Ley de publicidad y comunicación institucional y "si se podría reprochar moral y políticamente al Gobierno regional estas actuaciones".

Afirmó que, si la Cámara de Cuentas dedujera que el Gobierno regional ha contravenido la ley, debería remitir un informe al Tribunal de Cuentas para que se abriera un proceso fiscalizador contra el Gobierno regional.

Explicó que el artículo cuatro de esta ley, que está en vigor desde diciembre de 2005, establece que "no se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por un gobierno, es decir, el gasto en publicidad está justificado cuando se informa sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos, o de cómo acceder a los servicios públicos", pero rechaza que se pueda gastar dinero público en "autobombo, ya que esta actuación no tiene encaje ni moral ni legal".

Simancas citó algunosgastos en publicidad como la campaña para anunciar una falsa reducción de impuestos, sobre la reducción de las listas de espera, sobre los nuevos hospitales o sobre la Bescam y dijo que, mientras en 2002 el Gobierno regional destinó a publicidad 22,81 millones de euros, para 2006 han presupuestado 137,31 millones de euros.

En la reunión con el presidente de la Cámara de Cuentas, también le trasladó su preocupación por la deuda pública de la Comunidad de Madrid, ya que, en estos momentos, Madrid es la tercera región en cuanto a volumen de deuda.

Según indicó, sólo cinco comunidades autónomas tienen una relación deuda/Producto Interior Bruto por encima de Madrid, tres de ellas gobernadas por el PP y la cuarta, Galicia también lo estaba hasta hace muy poco.

Informó de que, en el cuarto trimestre de 2005, la deuda de la Comunidad de Madrid alcanzaba la cifra de casi 10.100 millones de euros. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2003, fue de 8.583 millones de euros.

"Desde que gobierna Aguirre, la deuda se ha elevado en más de mil millones de euros", dijo Simancas, que destacó que esta cantidad es "un incremento extraordinariamente importante que además contraviene la promesa electoral del PP de no elevar la deuda".

Por último, Simancas también le solicitó que se realice un análisis técnico de la utilización que está haciendo el Gobierno regional de la fórmula de concesión privada para construir obras y servicios públicos, como la ampliación de la Línea 9 de metro, la M-45 o los nuevos hospitales, ya que "esta fórmula puede generar ineficiencia y despilfarro".