Simancas hizo estas declaraciones tras reunirse con el presidente y la secretaria de Aferacam, asociación de familiares de residentes en centros concertados de Madrid, Pío Maceda y Dolores Martínez. Según el dirigente socialista, "se están vulnerando derechos fundamentales" de estas personas.

Tras indicar que hasta la fecha acudían a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales ante cada denuncia de este tipo, dijo que "a partir de ahora vamos a cambiar de actitud y no sólo nos limitaremos a denunciar situaciones de este tipo ante la Administración regional, sino que cada vez que encontremos una nueva situación vamos a acudir a la Administración de Justicia".

"Ya no nos vale denunciar ante la consejería, ya que no responde porque se fía de las empresas y no las inspecciona", dijo Simancas, para quien "este trato deficiente e indigno tiene un doble responsable: determinadas empresas privadas que se hacen cargo de estos servicios con el propósito indisimulado de acumular ganancias a costa del bienestar de las personas mayores y de condiciones lamentables para sus trabajadores, y también el Gobierno regional".

A su juicio, la Administración regional "ha decidido responder a la creciente demanda de plazas residenciales por parte de las familias madrileñas mediante la privatización paulatina de este servicio, sin establecer los necesarios controles de calidad y los pertinentes servicios de inspección".

PANORAMA LAMENTABLE

Según Simancas, cerca de 11.000 plazas residenciales "no tienen suficientes garantías de calidad". "Hemos pasado por muchas de ellas para revisar la situación y nos estamos encontrando con unos panoramas lamentables".

Tras destacar la escasez de inspectores dependientes del Gobierno autonómico, el líder del PSM manifestó que "estamos esperando la primera sanción por incumplir los pliegos de condiciones". "Tenemos constancia de que esto se produce cada día en muchas residencias concertadas", dijo, antes de indicar que los pliegos de condiciones son "insuficientes" y además existe un "nulo seguimiento" de los mismos.

Rafael Simancas anunció que el PSM interpelará a la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Beatriz Elorriaga, sobre este tema en el pleno del próximo jueves y le exigirá que realice una auditoría externa "para comprobar el trato que reciben las personas mayores en estos centros". Asimismo, le reclamarán que "apueste por las plazas públicas de gestión directa".

Señaló también que el PSM ayudará a Aferacam a realizar un informe sobre la situación, que será entregado a la consejería, al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía, "porque estamos convencidos de que se vulneran derechos y se incumplen leyes".

Los representantes de Aferacam explicaron que han expuesto esta situación a la Administración regional y a todos los grupos parlamentarios, pero hasta la fecha "no se ha avanzado". Además, agregaron que algunas de estas empresas "no cumplen porque no temen sanciones efectivas de la Administración".

Según datos aportados por Simancas, de las 17.207 plazas residenciales para personas mayores existentes, 6.220 están gestionadas directamente por la Administración regional. Del resto, 2.318 son plazas públicas con gestión privada, 740 están concertadas conayuntamientos, cerca de 6.000 son concertadas con entidades privadas y 2.160 pertenecen al llamado "plan de velocidad".