Tras reunirse con representantes de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FECAPA) y de la FAPA-Giner de los Ríos para analizar las propuestas socialistas para mejorar la educación madrileña, Simancas aseguró que esta ley sería fruto del consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales y tendría como uno de sus principales objetivos "dejar de utilizar la educación como arma política".

Señaló que pasar del 2,8% del PIB regional al 4% posibilitará más infraestructuras educativas, contratar 4.000 nuevos profesionales, incorporar avances tecnológicos en las aulas, financiar ayudas económicas para los padres en forma de gratuidad de los libros de texto en las etapas obligatorias, más becas de comedor, ayudas para campamentos de verano y horarios que posibiliten la conciliación de la vida laboral y familiar.

Añadió que estos recursos deben servir para extender el bilingüismo al 100% de los centros sostenidos con fondos públicos en dos legislaturas y que la citada ley incluirá también cambios en las normas de admisión de alumnos para que no haya más de un tercio de alumnos con necesidades especiales en los centros y rebajar la ratio de alumnos por aula de 30 a 25 en secundaria y de 25 a 20 en primaria.

Propuso, asimismo crear un instituto de evaluación independiente que lleve a cabo las pruebas de nivel según la legislación vigente para "que sus conclusiones sirvan para algo y para superar las deficiencias detectadas".

Simancas explicó que los representantes de las entidades con las que se reunió coincidieron en señalar que la educación es el reto principal de la sociedad madrileña, que hay que mejorarla en términos de calidad y de garantía de la equidad y expresaron el apoyo a sus propuestas.