"Lo suyo es el hecho diferencial, estoy convencido de que si el Gobierno de España hubiese promovido una ley permisiva, ella hubiera desarrollado un decreto restrictivo", explicó Simancas, quien señaló que Aguirre "ha situado a Madrid enfrente del Estado de Derecho".

Recordó a Aguirre que "los partidos políticos compiten entre sí para obtener la confianza de los ciudadanos" y añadió que, en cambio, "los gobiernos se dedican a administrar el interés general y tienen que colaborar para resolver problemas".

Tras afirmar que Madrid y Extremadura son las comunidades en las que se da un mayor nivel de tabaquismo, Simancas añadió que la Ley Antitabaco es "una buena ley que ha logrado disminuir la venta de cigarrillos un 5% en lo que va de año" e instó a Aguirre a que colabore con el Gobierno de España "para atender la salud de los madrileños, y no confrontar con el Ministerio de Sanidad".

El portavoz socialista lamentó que el decreto de la Comunidad de Madrid "pone en riesgo la salud de los madrileños,que tendrán menos ayudas para prevenir las consecuencias negativas del tabaquismo y acusó, además, a Aguirre de "desafiar el criterio de la Comisión Nacional de Salud Publica, y de 16 comunidades autónomas, con susistema de vacunación". Asimismo aseguró que el Ejecutivo madrileño ha sufrido un varapalo importante con el decreto sobre los bancos privados de cordones umbilicales".

Añadió que Aguirre "no busca la salud de los ciudadanos, sólo la mala salud del adversario, persigue ser considerada la más dura entre las duras"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo que su Gobierno "no mantiene ninguna controversia" con el Ministerio de Sanidad, y respecto al desarrollo de la Ley Antitabaco, explicó: "Acatamos la ley en su letra y en su espíritu".

Dijo que este decreto pone los derechos de los no fumadores por encima de los de los fumadores, aunque indicó que "mientras no se prohíba fumar o no se prohíba el comercio del tabaco, también hay que defender los derechos de los fumadores".

Por último, explicó que el Consejo de Estado, en el dictamen que hizo sobre este decreto,dice que,"mientras el Estado no elabore nuevas normas, no puede negarse a las comunidades la posibilidadde aprobar normas de desarrollo y ejecución de dicha ley".