La red englobará a unos 150 jueces, magistrados, fiscales y abogados procedentes de toda España y el apoyo se concretará en su particiación en misiones de observación que pretenden, por una parte, garantizar la protección de los intervinientes y, por otra, ejercer presión ante las instituciones judiciales y autoridades políticas locales de los países de la ex-Yugoslavia, para asegurar la consecución de juicios justos.

Entre sus integrantes destacan personajes importantes del mundo jurídico como Juan María Bandrés, abogado y presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); Diego López Garrido, catedrático de Derecho Cnstitucional; Ventura Pérez Mariño, magistrado de la Audiencia Nacional; Manuel de la Rocha Rubí, abogado; o Francisca Sauquillo, abogada.

La red jurídica española de apoyo trabajará de acuerdo con la asociación IZBOR, impulsora de los centros SOS víctimas, establecidos en las distintas repúblicas de la ex-Yugoslavia. Estos centros reciben las demandas, las estudian y tras comprobar que se ha conculcado un derecho individual de la víctima, en razón de su pertenencia a una etnia o comunidad determinada si consideran necesaria la ayuda externa, remiten el caso a IZBOR o a la red española de apoyo.

Estas últimas estudiarán el caso y movilizarán entre dos y cuatro integrantes de la red supeditando tanto el número y el perfil de éstos a la naturaleza de los casos apoyados por la red, para su participación en una misión de observación judicial o de otra naturaleza, cuya duración media será de cuatro días.EXPEDIENTES

Los últimos datos facilitados por IZBOR indican que en 1993 se abrieron 21 expeientes, y durante 1994 un total de 34. Los territorios afectados durante esos dos años fueron Croacia, con 31 expedientes; Serbia, con cinco; zonas de protección de Naciones Unidas, con once; y Kosovo, con nueve.

Hasta hoy se han terminado 19 expedientes: doce se han ganado, cuatro se han perdido y tres se han abandonado. El resto están en curso o no se han obtenido informaciones precisas.

La red jurídica española de apoyo, que se presentará el próximo viernes a las 17 horas, en el salón de Pleno de la Asamblea de Madrid, pretende también participar en la financiación del establecimiento y funcionamiento del centro SOS víctimas de Sarajevo, cuyo coste anual supera los tres millones de pesetas, al igual que financiar los costes derivados de la defensa letrada en cien juicios de las víctimas de discriminación étnica, que la mayoría de las veces éstas no pueden asumir.