El 48% de las mujeres aragonesas que deidieron abortar en 1991 se sometieron a esta intervención al comprobar que eran portadoras del virus del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. La ley despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en el supuesto de que el feto presente importantes taras físicas o psíquicas, situación que podría darse en estos casos.

El número de interrupciones legales notificadas a las autoridades sanitarias de Aragón durante el periodo comprendido entre 1985 y 1991 fue de 63. Un 82,6% de las mujeres eran de Zragoza, un 11,1% de Huesca y un 6,3% de Teruel.

En el año 1988 se dio el primer caso de aborto por SIDA en Aragón, de los nueve que tuvieron lugar ese año. En el 1989, de un total de ocho abortos, tres fueron por SIDA. En el año 1990 hubo quince abortos, de los que cinco tuvieron como causa el SIDA, y en 1991, de los veinticinco abortos realizados en centros sanitarios públicos doce fueron por esta causa.

El perfil de las aragonesas que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo es el de unamujer entre 20 y 34 años, casada, con un nivel de estudios bajo. En un 79% de los casos el nivel de instrucción es muy bajo y corresponde a mujeres analfabetas o sin escolarización.

El método principal de interrupción del embarazo empleado es el Legrado, seguido de la inyección intrauterina, con una media de una o dos noches de estancia hospitalaria.

El informe de la Diputación General de Aragón destaca la notificación de un sólo caso en adolescente (considerando como adolescencia el periodo compendido entre 10 y 15 años) y de diez casos en jóvenes con edades entre 15 y 24 años.

Otro dato destacado del informe, elaborado a través de la información recogida en los cuestionarios específicos editados por el Ministerio de Sanidad, es el hecho de que las mujeres aragonesas prefieren abortar en centros hospitalarios ubicados en otras comunidades.

Sólo un 1,46% de las aragonesas interrumpe voluntariamente su embarazo en centros sanitarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, mientras qu el 98,5% prefiere acudir a hospitales públicos de otras autonomías.