La ministra afirmó el pasado 17 de noviembre, tras la aprobación del decreto en Consejo de Ministros, que las medidas recgidas en él entrarían en vigor 20 días después de su publicación en el BOE; es decir el próximo día 21.

Según el texto del decreto, se considerará enfermos de sida a las personas diagnosticadas como tales por los servicios médicos, propios o concentados, del Sistema Nacional de Salud, "de acuerdo con los protocolos o criterios que existen en el Estado para definir 'caso de sida' a efectos de vigilancia epidemiológica".

Las Administraciones Sanitarias con competencias en materia sanitaria deberán doptarar las medidas oportunas para facilitar la acreditación que permita a estas personas acceder a la prestación farmacéutica en las condiciones previstas en el decreto, con validez en todo el territorio nacional.

Este decreto cumple con la Proposición no de Ley aprobada en 1993 por el Congreso de los Diputados, por la que se instaba al Gobierno a considerar a los enfermos de sida como crónicos, a efectos de la prestación farmacéutica.

Las medidas recogidas en la norma publicada hoy en el BOE s dirigen a los enfermos diagnosticados de sida y no a los protadores de anticuerpos que todavía no han desarrollado la enfermedad.

El decreto preserva el derecho a la intimidad de estos ciudadanos y asegura la confidencialidad de sus datos en todas las actividades de acreditación, asistencia, prescripción y dispensación de medicamentos a que se refiere esta norma.

Desde 1990, los hemofílicos que se contagiaron de sida al inicio de la epidemia por la utilización del factor VIII de cuagulación sangínea ya disfrutaban de la consideración de enfermos crónicos.

La inclusión del sida entre las enfermedades crónicas supondrá al Estado un gasto adicional de entre 1.500 y 2.000 millones de pesetas al año.