El estudio de la SGAE ha sido elaborado por la firma Econlaw y ve la luz en vísperas de que el Pleno del Congreso apruebe de manera definitiva el próximo jueves, con el debate de las enmiendas del Senado, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que establece el canon por copia privada para soportes digitales.

El dictamen de la comisión asesora presidida por Manuel Castells, presentado a mediados de mayo, insta al Parlamento a acabar con el canon, ya que lo considera un "sistema manifiestamente ineficaz e imperfecto", que busca proteger los intereses de las entidades de gestión de derechos de autor y que "puede afectar seriamente" al desarrollo de la Sociedad de la Información. Los expertos recuerdan que este recargo no existe en países como Estados Unidos o Gran Bretaña.

Para los autores del estudio encargado por la SGAE, el dictamen está basado en estimaciones "infundadas y falaces", no cita las fuentes de los datos que maneja y hace proyecciones "absolutamente desproporcionadas".

Ponen como ejemplo el cálculo que hace la comisión de que los ingresos por canon se multiplicarán por 30 veces en los próximos 20 años, cuando cifras de organismos internacionales como la Business Software Alliance (BSA) la sitúan en dos veces, según explicó Albert Sánchez, uno de los responsables del informe.

A su juicio, los asesores de Industria proponen "la eliminación pura y simple del canon", una remuneración compensatoria que existe en la mayoría de países del entorno europeo y cuya desaparición supondría "la alteración de todo el sistema de protección de derechos que contempla el ordenamiento jurídico español".

El informe de la Fundación Autor también sale al paso de la opinión de la comisión de Industria de que el canon carece de sentido con la reciente aparición de nuevos dispositivos de protección como los DGM (Digital Rights Managements). Econlaw recordó que la Comisión Europea ha calculado que en 2010, sólo el 37 por ciento de la música comercializada incluirá este tipo de mecanismos.

Para el secretario general de la Fundación Autor, Francisco Galindo, detrás de las iniciativas contra la remuneración por copia privada, articuladas en su mayoría por la plataforma "Todoscontraelcanon", está "una industria que ha decidido declarar este país territorio de combate" y ha abierto un "conflicto social" incomprensible que no existe en el resto de Europa.