El documento constituye una respuesta pormenorizada a un comunicado ministerial del pasado 6 de marzo, en el que se aseguraba que las objeciones de la SGAE en torno a la futura ley, "además de no ciertas, son de todo punto incomrensibles". La SGAE ha remitido también copia de esta respuesta a los ministerios de Presidencia, Interior, Justicia, Economía y Ciencia y Tecnología.

En la misiva, la entidad de gestión denuncia "el concepto de diálogo" de Cultura, que no ha ofrecido "posibilidad real" de introducir mejoras en el borrador, y se sorprende de que este ministerio responda con celeridad a las declaraciones de Eduardo Bautista, presidente de la SGAE, pero no "al casi centenar de organizaciones que han reclamado sustancials modificaciones en la ley".

Acto seguido, el documento disecciona los elementos más negativos del anteproyecto ministerial: supresión de los derechos en las comunicaciones digitales, modificaciones muy perjudiciales del derecho de copia privada, y pérdida, por parte del trabajador de la cultura, de la capacidad para fijar el precio de su obra.

La carta lamenta el carácter "intervencionista" de la nueva ley y destaca que desde el propio Ministerio se admite velar por los intereses "de usuarios coo las televisiones, hoteles, bares y restaurantes".

Frente a este panorama, la SGAE insiste en su oferta "constructiva" para "estudiar, debatir y acordar" las modificaciones legales en el marco de una comisión con la presencia de todas las partes implicadas.