Ybarra, que presentó n rueda de prensa los resultados de la empresa que ofrecerá en la próxima Junta General de Accionistas, afirmó que la situación de morosidad que mantienen algunas corporaciones locales y organismos oficiales no tiene lugar en un marco comunitario extremadamente competitivo como el que se producirá a partir del 1 de enero de 1993.

El presidente de Sevillana señaló que a 31 de diciembre del año pasado la deuda que tenían estas instituciones con la empresa ascendía a unos 19.000 millones de pesetas, 5.00 millones más que en 1990. Los ayuntamientos son responsables de 11.000 millones y los organismos oficiales de otros 8.000 millones.

Una de las deudas oficiales de electricidad más importantes que soporta la compañía es la del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que es responsale de un impago del sumnistro por valor de unos 4.000 millones de pesetas.

Entre las medidas legales que, según Ybarra, Sevillana podría adoptar, figura el requerimiento judicial para exigir el cobro de sus servicios, "llevándlo incluso al Tribunal Constitucional", o el sistema más traumático de cortar el suministro, aunque el propio presidente de la empresa indicó que esta es una medida extrema, que aún no han decidido adoptar.

El interés de la compañía por requerir el cobro del suministro eléctrico a ayuntamientos y organismos oficiales viene determinado por el importante incremento que está experimentando anualmente el impago de los clientes institucionales, que sólo en el caso de las corporaciones locales se multiplicóprácticamente por cuatro durante 1991, al situarse en 4.159 millones de pesetas, frente a los 1.067 de 1990.

Por su parte, el consejero delegado de Sevillana se mostró optimista respecto a la solución del problema de impago que soporta la empresa y defendió los recursos legales expuestos por Ybarra como un vehículo para obtener recursos que son de la empresa y que necesita para afrontar el reto competitivo de 1993.

Fernando de Ybarra también reclamó del Gobierno una reforma del marco legal tarifaio del sector que adecúe los costes que soportan las empresas eléctricas y los precios, "así como la eliminación de externalidades, como el impago de las indemnizaciones por moratoria nuclear, que gravan la tarifa".

Sobre esta cuestión, el presidente de Sevillana pidió al Ejecutivo socialista que permita una nueva valoración de los activos nucleares, que sea "más equitativa", lo que supondría una revisión de las inversiones que el Gobierno le reconoce a la compañía eléctrica en la central nuclear de Vldecaballeros, y que esa valoración incluya una actualización hasta el momento en que se produzca la recuperación total de las inversiones.

Según fuentes del equipo directivo de Sevillana consultadas por Servimedia, el valor contable que reclama la empresa por sus inversiones en Valdecaballeros asciende actualmente a 228.503 millones de pesetas, frente a los 153.932 millones que le reconoce el Ministerio de Industria, lo que arroja un déficit de tasación por los activos en moratoria de 74.571 millones

Asimismo, los responsables de la empresa andaluza afirman que el dinero que ellos tendrían que recibir por Valdecaballeros no tiene por qué ser el mismo que su otro socio en la central, Iberdrola I, ya que las inversiones afrontadas en la instalación por Sevilla, afirmaron, han sido superiores en los últimos años.