Lo ha dicho durante una conferencia que ha pronunciado en el Club Siglo XXI de Madrid, donde ha sido presentado por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Precisamente, el PSC anunció esta semana que la reforma del Estatut de Sau incluirá la denominación de Cataluña como nación.

Según Sevilla, la enumeración de las 17 comunidades que se va a incluir en la Carta Magna supondrá "el cierre" del mapa autonómico y "debe hacerse siguiendo el orden de aprobación de los respectivos estatutos".

"La existencia de diferencias identitarias está en la realidad, nos guste más o menos, y los diversos intentos que ha habido en la historia de homogeneizarlas han tropezado con la tozudez de los hechos. Además, todos tenemos derecho a ser de alguna manera, es decir, a tener una identidad propia, que sea auténtica y que se nos reconozca, por lo que, si se les impone una identidad a algunos, se estará quebrantando derechos básicos de las personas", advirtió.

En ese sentido, el Ejecutivo socialista se plantea cómo hacer frente a esa demanda identitaria sin que se resienta la cohesión de la nación en su conjunto. "Nuestra respuesta", explicó, "se centra en la distinción entre un tipo básico de derechos, que deben ser iguales para todos, y otro tipo de derechos en los que se puede introducir la diferencia, como son las particularidades identitarias, que desarrollan los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución".

"Con ello, pretendemos impulsar que un mismo sentido de fraternidad cívica sea compartido por la inmensa mayoría de los ciudadanos, que podrán apreciar sin reservas el formar parte de una sociedad que garantiza, a la vez, sus derechos individuales y algunos derechos colectivos como los relacionados con la identidad", prosiguió.

El Gobierno considera esencial, no obstante, que existan garantías de cohesión territorial en el conjunto de España, porque "no existe, ni puede existir, cohesión social sin cohesión territorial". De ahí su propuesta de "doble pacto" a las autonomías: que éstas se conviertan en la máxima representación del Estado y que "recauden" impuestos para sus servicios, salvaguardando el papel del Estado en sus tareas reconocidas en la Carta Magna.

"NO PUEDE HABER MAS LOAPAS"

"No podemos confundir el debate sobre la diferencia con el debate sobre la igualdad, porque el reconocimiento de la diferencia no puede suponer nunca el establecimiento de desigualdades o de privilegios dentro de la sociedad española", señaló Sevilla.

A su juicio, las reformas estatutarias "no pueden ser el instrumento a través del cual se reforme la Constitución". "Hay otros mecanismos y otros procedimientos para la reforma de la Constitución y, por tanto, las reformas estatutarias tienen que ser planteadas dentro del marco constitucional", añadió.

En cuanto al aumento competencial de esa reforma, Jordi Sevilla advirtió de que "lo que no puede ser es que las competencias del Gobierno central queden fijadas, por omisión, a partir de todo aquello que no esté definido en los estatutos".

"No puede haber más LOAPAS, ni hechas desde las comunidades autónomas contra el Gobierno central, ni viceversa", insistió el ministro, en alusión al retroceso autonómico vivido tras el golpe de Estado de 1981.

"Y, de la misma forma que no aceptamos la imposición unilateral, nos comprometemos a no imponer nada, por nuestra parte, a las comunidades autónomas, desde el respeto al principio de la lealtad institucional, que supone la exigencia de poner fin a las viejas prácticas de 'yo legislo, tú pagas', así como a los intentos de 'vaciamiento' de las competencias transferidas mediante un uso abusivo de la legislación básica", argumentó.

El titular de Administraciones Públicas cree que "cada vez va a ser más necesaria" la reforma del Senado para convertirlo en uno de los "lugares de encuentro" entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, donde incluso se puedan pactar las diferencias, pactar las confrontaciones y debatir sobre todo aquello en lo que no se esté de acuerdo a través de los procedimientos legalmente establecidos".

El Gobierno, añadió, quiere una Cámara Alta con una composición "mixta" de "representantes directos de los gobiernos autonómicos" y senadores elegidos en votación popular, "al estilo de la actual Comisión General de Comunidades Autónomas que ya funciona en el Senado".

"Un Senado que potencie el acuerdo y que proteja los hechos constitucionales como son las diferencias identitarias y la solidaridad e igualdad entre los ciudadanos", prosiguió Sevilla. Un Senado, en fin, que constituya la Cámara de primera lectura para las iniciativas parlamentarias de contenido territorial.