En la querella, Severo Moto y algunos ciudadanos guineanos relatan los supuestos delitos cometidos por los seguidores de Teodoro Obiang y consideran que se trató de crímenes de terrorismo, puesto que los militares que dependían directamente del presidente efectuaron varios asesinatos que relata la querella.

Subrayan los querellantes que estos asesinatos "no son hchos aislados", sino que se trata de "un proceder criminal, sistemáticamente planificado y ejecutado con la finalidad de perpetuarse en el poder, por parte de aquellos que lo ostentan desde el año 1979".

Por ello, refieren el asesinato de una decena de ciudadanos cuyo supuesto delito fue oponerse al régimen de Obiang. Entre los ajusticiados constan dos españoles, Antonio Lister y la misionera Madre Samaranz.

Al parecer, Lister fue acusado por el régimen de Obiang de maquinar un golpe de Estado, pr lo que fue asesinado. En cuanto a la madre Samaranz, tras ser vejada en varias ocasiones, fue asesinada "por agentes paramilitares al servicio del régimen".

ANTROPOFAGIA

La querella relata con crueldad alguno de los asesinatos cometidos por las fuerzas leales a Obiang e incluso detalla cómo el dictador se comía las vísceras de sus víctimas.

En el caso de uno de los asesinados, se relata cómo "una vez fallecido, y con el cadáver todavía caliente, le fueron extraídos los testículos, el corazónel hígado, y tras ser envueltos en una bolsa de plástico, fueron enviados al Palacio Presidencial, en donde, en una ceremonía ritual, el presidente procedió a comer los citados despojos".

"Tal práctica antropófaga tiene su causa en la necesidad de adquirir el alma y la fuerza de los devorados", insiste la querella, que apunta también otros sucesos de este tipo.

La querella fue presentada en el juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, desde donde se procederá a someterla al turno de reparto ente los 6 jueces de este organismo, para saber quien deberá conocer de ella.

Se da la circunstancia de que la querella se presenta manuscrita, algo de lo que ya no se acordaban ni los funcionarios de más edad de la Audiencia Nacional.