En ese periodo, las inversiones efectuada en la regeneración del litoral por parte de esta dirección general ascendieron a 30.000 millones de pesetas, de los que 15.155 millones se dedicaron a la recuperación de playas.

De las 74 playas recuperadas, muchas habían desaparecido o corrían el riesgo de hacerlo a causa de la acción erosiva del mar o de la intervención humana, especialmente por la construcción ilegal o la extracción incontrolada de arena.

La superficie total beneficiada por la regeneración de playas es de tres millones de metos cuadrados, mientras que el volumen de arena empleado en estas operaciones fue de 18 millones de metros cúbicos.

La comunidad autónoma más favorecida por estas actuaciones fue Andalucía, a la que se destinaron 7.000 millones de pesetas, que permitieron recuperar casi 50 kilómetros de su costa. Destaca la regeneración de las playas de Fuengirola, Carihuela y Nerja, en Málaga, y los paseos marítimos de diversas playas de Almería.

A continuación figuran Canarias; que recibió 3.000 millones de peseas de inversión y pudo recuperar algo más de tres kilómetros de costa, y la Comunidad Valenciana, con 1.260 millones y 16 kilométros costeros regenerados.

4.405 EXPEDIENTES

Por otra parte, las inspecciones realizadas por la Dirección General de Puertos y Costas para controlar las infracciones contra la Ley de Costas dieron lugar en 1990 a la apertura de 4.405 expedientes por infracciones contra dicha norma.

Las provincias en que se incoaron más expedientes fueron Baleares, Pontevedra, La Coruñay Huelva. La sanción máxima impuesta recayó sobre la entidad Aldea Beach, S.A., radicada en Málaga, multada con 81 millones de pesetas por construir viviendas en una zona de dominio público.

La mayoría de las infracciones detectadas consistieron en la construcción en zonas prohibidas por la ley, excepto en el caso de Galicia, es más frecuente la extracción incontrolada de arena del litoral.

En conjunto, las actuaciones realizadas desde 1988 en aplicación de la Ley de Costas se han dirigido a evitr los abusos urbanísticos en zonas de domnio público y a recuperar los espacios naturales existentes en los 8.000 kilómetros de costa que tiene España, de los que una cuarta parte son playas.

La recuperación de los espacios naturales exigió actuaciones en costas (regeneración y defensa de playas, paseos marítimos, etetera) y señales marítimas, así como la realización de estudios sobre clima marítimo y banco oceanográfico de datos.