Esta es una de las principales propuestas que recoge el estudio que han elaborado con el fin de analizar, evaluar y proponer estrategias para impulsar un modelo de desarrollo urbano sostenible, centrándose especialmente en las fases iniciales de planificación y urbanización.

El informe concluye que, si bien la implantación de medidas que fomenten la sostenibilidad puede suponer en algunos casos un incremento económico de las obras de urbanización, únicamente, mediante un enfoque a medio y largo plazo es posible entender el retorno de la inversión.

Es por esto por lo que, para compensar la contradicción entre el beneficio social y medioambiental y la falta de retorno económico a corto plazo, desde Serviland y el IE Center for Sustainable Cities se propone un sistema de Normas Urbanísticas denominadas Transversales que fomenten el desarrollo sostenible mediante incentivos y bonificaciones que favorezcan la inversión en sostenibilidad.

Ernesto Tarazona, CEO de Serviland, señala que “a diferencia de los incentivos existentes para favorecer una edificación sostenible, en el caso del planeamiento y la urbanización existe un vacío sobre cómo la administración pública puede fomentar el desarrollo urbano sostenible. Este nuevo marco aboga por la colaboración público-privada para fomentar el desarrollo sostenible de entornos urbanos”.

Tarazona también reconoce que “su aplicación requiere la participación fundamental de la administración pública, pero también de desarrolladores urbanísticos, el sector financiero e, incluso, de la sociedad en su conjunto, con un papel activo de la ciudadanía”.

REFERENTE

Del estudio se desprende que Andalucía y Cataluña han sido las regiones con las normativas más actualizadas y que cuentan con una integración más efectiva de los principios de sostenibilidad en sus leyes del suelo, promoviendo la integración de energías renovables, la gestión eficiente del agua y la participación de la comunidad.

Sin embargo, regiones como Murcia y La Rioja muestran áreas significativas de mejora. Estas comunidades tienen una integración menos robusta de la sostenibilidad en sus normativas y presentan una falta de cohesión en la implementación de políticas energéticas y de gestión del agua.

Por su parte, la comparativa de las normativas urbanísticas de las principales ciudades españolas revela que existe una diversidad significativa en cómo se abordan las políticas sostenibles. Así, ciudades como Barcelona y Madrid destacan por sus enfoques avanzados y holísticos hacia la sostenibilidad urbana.

En este sentido, el estudio subraya la importancia de mantener las leyes de suelo actualizadas y alineadas con los principios de sostenibilidad, promoviendo la integración de energías renovables, la gestión eficiente del agua y la participación activa de la comunidad.

Manuel Pérez, Chair del IE Center for Sustainable Cities, afirma que “si bien esta investigación se fundamenta en un sólido marco teórico, ha sido diseñada como una herramienta práctica destinada a facilitar su aplicación por parte de planificadores urbanos, responsables políticos e investigadores comprometidos con la sostenibilidad urbana”.