En una nota, la organización religiosa informó de que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de casación interpuesto por el SJM el pasado año acerca del incumplimiento de la ley de transparencia y acceso a información pública por parte de la Dirección General de Policía (dependiente del Ministerio de Interior).

Según los jesuitas, dicho recurso se presentó ante la negativa a proporcionar cifras relativas a la nacionalidad de personas internadas en los CIE en el Estado Español en el año 2023.

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó (en la sentencia 26/2024) la solicitud de SJM, ahora el Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de casación considerando que debe interpretarse como una cuestión jurídica de alcance general el derecho ciudadano al acceso a la información pública, regulado por la ley 19/2013 de 9 de diciembre. "El Ministerio de Interior se negó en un primer momento a facilitar estas cifras al señalar que estas cuestiones podrían suponer un perjuicio para las relaciones exteriores de España con los países en cuestión", protestó el SJM.

La organización subrayó que "el acceso a la información pública sobre los CIE es clave a la hora de poder construir los informes anuales en los que SJM contribuye a visibilizar la realidad de vulneración de derechos que existe en estos espacios, tal y como se incluía en las publicaciones de 2022 y 2023". Según el servicio jesuita, las cifras oficiales son "una herramienta esencial" para que la ciudadanía pueda conocer cuáles son los recursos destinados al mantenimiento y gestión de los centros, qué perfiles de personas se encuentran privadas de libertad y cómo se construye la política migratoria del Gobierno en su vertiente más represiva con los derechos y más opaca en cuanto a su gestión.

"El SJM permanece atento ante la próxima apertura del CIE de Botafuegos, Algeciras, que se convertirá en el mayor centro de estas características", señaló la entidad. Por ello hay convocada una marcha de denuncia y rechazo a esta medida el 14 de diciembre en la ciudad algecireña. Los jesuitas continúan defendiendo "la necesidad de cerrar los CIE y fomentar alternativas más humanas, algunas previstas en el ordenamiento jurídico, para la respuesta ante la irregularidad administrativa de las personas extranjeras en el Estado español".