La idea, de la que habló hoy a un grupo de periodistas la decana del Colegio, Paloma Sobrini, estaba pensada antes de estallar el llamado "caso Guateque" en el Ayuntamiento de Madrid, pero esta operación policial, aún abierta, la ha precipitado.

De hecho, el Consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón, estudia la oferta hecha en su día por el Colegio, que consiste en asumir la elaboración de los llamados informes de licencia que, posteriormente, deben ser corroborados y sellados por el funcionario competente.

Se trata de un servicio, que corresponde a técnicos municipales, para cuya elaboración se ofrecen técnicos arquitectos del Colegio en un plazo no superior a las seis semanas y media. Ello agilizaría los trámites y al Colegio le supondría el ingreso del 1% que por licencia cobran actualmente de media los ayuntamientos en concepto de tasa por este trabajo.

El impuesto municipal (hasta un 4%) propiamente dicho, que por estas operaciones se cobra al peticionario, seguiría siendo recaudado por el consistorio en cuestión.

Según el Colegio ganan todos: Los usuarios porque no deberán esperar tanto a ver aprobadas su peticiones de reforma, nueva obra, etcétera; los ayuntamientos, sobre todo los que carecen de arquitecto municipal, y el Colegio porque presta de este modo un servicio público.

Cuenta el Colegio, según Sobrini, con el respaldo de la mayoría de pequeños municipios de la región, hasta unos 90 que no tienen arquitecto, y de la federación de municipios de Madrid.

"Nosotros no daremos las licencias", se apresuró a aclarar Sobrini, ante la posibilidad de que sean ahora estos profesionales los objetivos de supuestos sobornos: "Las licencias las seguirán dando los ayuntamientos, pero con los derechos hechos por nosotros".

Subrayó, así mismo, que la seguramente bautizada como Oficina de Informes de Licencias, será un servicio voluntario, nunca una imposición para las partes. Si el informe es erróneo y el ayuntamiento lo tumba, la responsabilidad por los gastos o perjuicios que ello ocasiones será del Colegio, "que cuenta con el respaldo de todas las compañías aaeguradoras".

En el último trimestre podría empezar a dar servicio esta nueva oficina, con una plantilla inicial de cinco arquitectos, que se ampliaría en función de la demanda de los ayuntamientos interesados.