Según informa el Ejecutivo cántabro, se trata de un programa de salud pública que tiene como objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los medicamentos una vez comercializados y el seguimiento de sus posibles efectos adversos.

Las notificaciones, unidas a las de otros centros españoles y extranjeros, constituyen un sistema de alarma mundial que permite detectar problemas de este tipo con rapidez y evitar daños a la población.

El resultado de este proceso es, no sólo la retirada total del mercado de algún producto (este año ha habido tres casos en toda España), sino también la recomendación de cambiar el tratamiento a un determinado paciente que haya experimentado una de esas reacciones adversas causadas por la medicación.

A partir de ahora, la gestión de esta tarea la va a llevar a cabo una unidad de Farmacología Clínica formada por dos médicos especialistas y situada en la Gerencia de Atención Primaria de Santander-Laredo.