Serrano declaró hoy como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Moner por espacio de unos 40 minutos, durante los cuales negó las imputaciones hechas por Roldán contra Narcís Serra, al que acusó de haber encargado dicho informe y pagar por él un total de 67 mllones de pesetas de los fondos reservados del Cesid.

Según dijo Roldán al juez Moner en su declaración como imputado, el pasado día 19, ese dinero lo recogía personalmente en la Vicepresidencia del Gobierno y le era entregado en metálico, imputaciones que rechazó Serrano, quien, según el abogado del prófugo, "lo niega todo".

Tras Serrano, prestaron declaración ante el magistrado Moner el teniente coronel Pascual Solís y la ex directora de la Oficina de Relaciones Informativas de la Guardia Civil Esther Fernández Iñigo, quienes, en contra de las afirmaciones del primero, reconocieron ante el juez que "intervinieron personalmente en la elaboración del resumen" sobre el informe.

En anteriores declaraciones, Roldán dijo que estas personas participaron en la traducción y elaboración de un resumen sobre el informe que posteriormente fue entregado a Narcís Serra y al presidente del Gobierno, Felipe González.

Según el abogado, tanto Solís como Fernández Iñigo, que también comparecieron como tesigos, dijeron al magistrado que "el informe Crillón existió, que el informe Crillón se tradujo y se hicieron una serie de elaboraciones sobre el mismo".

El letrado agregó que ninguno de estos testigos aportó un ejemplar del informe, ya que "ellos no tienen copia", y señaló que de momento no ha solicitado ninguna nueva comparecencia, sino que dependerá de lo que acuerde el magistrado, a quien la pasada semana la defensa de Roldán pidió que tomase declaración a todos aquellos testigos que participaron e la elaboración del informe, entre ellos el ex director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal.

Además de fijar nuevas comparecencias de personas relacionadas con el 'informe Crillón', el juez Moner todavía tiene pendiente de resolver si acepta o rechaza la solicitud del ex presidente de Banesto de personarse en la causa como parte perjudicada.