Según indicó la sociedad estatal en un comunicado, el procedimiento de análisis se inicia a petición de las propias empresas que solicitan el apoyo financiero del Fondo, de forma que dicho análisis requiere verificar que se cumplen todos los requisitos de elegibilidad para la concesión del apoyo solicitado.

La SEPI destacó que “el asesoramiento que recibe el Fondo asegura un proceso de análisis de las solicitudes de apoyo recibidas exhaustivo, profesional y transparente que garantiza el máximo rigor en la resolución que pone fin a cada expediente”, por lo que “los asesores jurídicos y financieros vinculados al procedimiento del Fondo forman parte de las firmas más prestigiosas del mercado”.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas es uno de los instrumentos de apoyo a la economía que el Gobierno puso en marcha para hacer frente a la crisis económica causada por la pandemia de covid-19, dotado con hasta 10.000 millones de euros, de los que hasta la fecha se han solicitado 5.345,4 millones.

Los servicios de asesoramiento financiero verifican el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de naturaleza económica establecidos y analizan la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad para que la empresa restaure la solvencia dañada y retorne a la senda de la viabilidad.

Así, el estudio de cada operación incluye también el análisis de la situación pre covid de la empresa y el impacto de la pandemia, y requiere estudiar el sector al que pertenece la compañía, su posible evolución y las claves de competitividad para evaluar el alcance de la recuperación contrastando las previsiones de la compañía y los posibles escenarios de sensibilidad para determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados.

El asesor jurídico, por su parte, realiza el proceso de ‘due diligence’ que incluye la emisión de un informe sobre las condiciones de índole jurídica para ser beneficiario. Asimismo, asesora sobre las posibles contingencias legales, laborales, y fiscales que pudieran aflorar y afectar al cumplimiento del plan de viabilidad, así como la revisión de la situación laboral y en materia de recursos humanos del solicitante/beneficiarias.

Por otro lado, los asesores jurídicos redactan y revisan los documentos y términos de los acuerdos y documentos contractuales que gobiernan la eventual concesión del apoyo financiero público temporal tales como los ‘Términos del apoyo a la solvencia’, el ‘Acuerdo de apoyo financiero público temporal’, el ‘Acuerdo de accionistas’ o ‘Acuerdo de gestión con la compañía’, el ‘Contrato de financiación’ y demás documentos financieros, incluyendo las garantías anejas a la financiación.