Fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que el tribunal presidido por la jueza Teresa Palacios dará lectura de la sentencia el citado día a partir de las 10.00 horas en la sede que este órgano judicial tiene en la Casa de Campo de Madrid.

En total, fueron 27 los acusados en esta causa, entre los que destacan Juan María Olano, máximo dirigente de Gestoras; sus compañeros en la dirección de la organización, Julen Celaraín y Aitor Ángel Jugo; el responsable del área de huidos, José María Olabarrieta, y el tesorero de la formación, Gorka Zulaica.

También se sentaron en el banquillo los responsables de Askatasuna -la organización que sucedió a Gestoras tras su ilegalización- Sabín Juaristi, Iñaki Loizaga, Ixone Urcelay y Asier Virumbrales.

Durante la vista oral, el fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, solicitó para Olano, Celaraín y Jugo una pena de 13 años de prisión y pidió diez años de cárcel para otros 21 acusados, todos ellos por un delito de pertenencia a organización terrorista. Bautista retiró finalmente la acusación para tres de los acusados.

El representante del Ministerio Público aseguró durante la vista oral que Gestora Pro Amnistía ejercía, dentro de la organización de ETA, el control del colectivo de presos, el sometimiento de éstos a la disciplina de la banda y el desarrollo de los enlaces entre los miembros en prisión y los dirigentes terroristas.

Bautista señaló que, dentro de las funciones de sometimiento de los presos, Gestoras Pro Amnistía ejercía de cadena de transmisión de las órdenes de ETA, y destacó que "aquellos militantes que a lo largo del tiempo se han atrevido a rechazar el sometimiento estricto a su disciplina, han sido asesinados o amenazados con serlo".

Además, el representante de la Fiscalía acusó a esta organización de coordinar "las formas de lucha complementarias a la del frente armado de ETA", de recoger datos para la seguridad orgánica de la organización, de editar publicaciones de la banda y de convertir en objetivos directos a las personas e instituciones a las que consideraban responsables de la situacion de los presos.

El juicio terminó el 18 de junio, día en el que, tras terminar la vista, todos los acusados posaron en la escalera de entrada al pabellón de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo para hacerse una foto de recuerdo.