En un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara Alta, que fue presentado esta mañana por el secretario general, Manuel Alba, a la presidenta de la institución, Esperanza Aguirre, se rebaten todas y cada una de las denuncias formuladas por el ex responsable económico, tomando como base distintos artículos de la Constitución Española y jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En un dossier queentregó en la Fiscalía Anticorrupción, Almendros denunció que entre febrero de 1987 y marzo de 1996 se abonaron irregularmente retribuciones a los senadores suplentes que ejercían sus funciones en la Diputación Permanente, máximo órgano de la Cámara entre el final de una legislatura y el inicio de la siguiente.

Del mismo modo, denunciaba que se había pagado a los senadores desde el momento en que resultaban elegidos en unos comicios cuando, a su entender, este derecho de retribución sólo les asistía apartir del momento en que tomaban posesión.

Por contra, el contrainforme del Senado, también remitido a la Fiscalía, apela a su "autonomía normativa, presupuestaria, administrativa y de personal" de la Cámara Alta para tomar las decisiones que en esa materia considere oportunas, en virtud de lo que disponen los articulos 72 y 73 de la Constitución Española.

Añade que la autonomía financiera "legitima a la Cámara Alta para llevar a cabo la elaboración, arobación, ejecución y control de las cuentascorrespondientes". Además, los presupuestos del Senado se someten al debate, enmienda y aprobación parlamentaria al estar integrados en los Presupuestos Generales del Estado.

En relación al papel que desempeñan los senadores suplentes en la Diputación Permanente, el Senado afirma que "la disolución de la Cámara no supone la desaparición de la institución", lo que legitima los pagos denunciados. Sobre el momento en que debe iniciarse el abono de retribuciones a los senadores, se señala que "el mandato arlamentario comienza el día de la elección".