UN SENADOR DEL PSOE PIDE UN AÑO DE CARCEL PARA EL EX EDITOR DE UN PERIODICO POR ABRIR CORRESPONDENCIA DE SU PADRE FALLECIDO
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El senador socialista por Soria Ramiro Cercós Pérez pidió hoy un año de arresto, 2 millones de pesetas de multa y 1 millón de indemnización para el ex editor de "Soria Semanal" Antonio Hernández García, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secreto, al considerar que abrió 14 envíos postales dirigidos a su padr, ya fallecido, Ramiro Cercós Barceló.
El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se celebró esta mañana en el Juzgado de lo Penal de Soria. Cercós considera que Hernández abrió cartas dirigidas a su padre, que fue titular hasta el 31 de diciembre de 1976 del apartado de correos que luego pasaría al periódico propiedad del procesado.
La apertura de esta causa tuvo su origen en un anterior procesamiento de Hernández, para quien el senador socialista pidió 8 años y 1 día de prisión mayor, por iversos artículos que le involucraban en una supuesta actividad comercial de compra-venta de coches de importación y de uso de dinero público para su actividad privada.
El editor, que fue absuelto entonces, presentó en la Audiencia Provincial cartas enviadas al padre del senador varios años después de su muerte. La Audiencia de Soria pidió que se remitiera a la fiscalía la correspondencia presentada, por si fuera constitutiva de delito.
Durante la vista de hoy, el fiscal pidió el sobreseimiento d la causa, al estimar que no hubo delito. El abogado del editor, el penalista Miguel Bajo Fernández, solicitó la libre absolución de su defendido, porque, según él, no se dan los elementos delictivos previstos en el artículo 497 del Código Penal.
Bajo aseguró que no existía secreto porque se trataba de correspondencia publicitaria, no hay objeto material porque no se produjo un "apoderamiento de cartas" y no se puede hablar de sujeto pasivo, puesto que el padre del senador había fallecido.
Por suparte, el abogado del parlamentario y también concejal socialista del Ayuntamiento de Soria, Ricardo de María Diges, aseguró que había existido apoderamiento y "animus desvelandis" y basó la culpabilidad del editor en una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 1974, según la cual es condenable el uso de correspondencia privada para fines públicos.
(SERVIMEDIA)
24 Oct 1992
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