Esos festejos -“mal llamados espectáculos cómico-taurinos”, según la Fundación Franz Weber- están prohibidos desde el pasado mes de mayo, cuando el Senado dio luz verde a la reforma legislativa que impide actos taurinos con personas con acondroplasia que “denigran o humillan” a ese grupo de población, según Chinea.

“Quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana”, indica el real decreto legislativo 1/2013, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Sin embargo, Chinea apunta que algunas comunidades autónomas los han permitido gracias a sus competencias sobre actividades públicas o en materia de espectáculos taurinos.

Chinea señala que existe actualmente “disparidad” porque varios gobiernos autonómicos han denegado los permisos para realizar esos festejos (Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Murcia), pero otros (Aragón y Castilla-La Mancha) los han autorizado, lo que genera “inquietud” en las organizaciones de personas con acondroplasia.

"PREOCUPACIÓN" DE LA ONU

Este senador recuerda que el Comité sobre Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ya mostró su "preocupación" en 2019 sobre cómo son representadas estas personas en los festejos taurinos en España, algo que, a su juicio, “debería quedar finiquitado” con la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

En este sentido, pregunta qué medidas va a tomar el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para prevenir la realización de estos eventos y qué presupuesto o medios técnicos ha aportado al programa ‘Pisadas de Dignidad’ para la mejora de la empleabilidad y reciclaje laboral de las personas que todavía intervienen en estos espectáculos.

Además, Chinea manifiesta saber si Derechos Sociales va a tomar alguna medida sancionadora o administrativa sobre las comunidades autónomas que han permitido estos actos y si este departamento gubernamental es “consciente” de que tras esos eventos se vierten “comentarios hirientes o vejatorios” sobre las personas con acondroplasia en la vida pública, como centros educativos o redes sociales.