Sin embargo, el senador de Entesa Ramón Espasa está preparando un informe con cálculos y simulaciones de lo que cuesta esta práctica para los consumidores, con el fin de convencer al resto de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta de que apoyen su enmienda.

Espasa mantendrá viva su enmienda en el Pleno, que dará luz verde a este proyecto de Ley a la espera de que el resto de los grupos se sumen a ella, según informaron a Servimedia fuentes del citado grupo parlamentario.

El proyecto de ley de la mejora de la protección de consumidores y usuarios, aprobado hoy por la Comisión de Sanidad y Consumo, prevé que las comunidades autónomas sean oidas en consulta en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general que afecten a la protección del consumidor.

El PSOE criticó esta disposición, aprobada con los votos de PNV y PP, y señaló que es poco coherente que quien se presenta como "campeón de la unidad de España" -el PP- defienda que sea obligatorio consultar con los gobiernos autonómicos cualquier asunto relacionado con el consumo, aunque sea de competencia estatal. Por esa razón, los socialistas intentarán echar abajo esta modificación en el pleno del Senado o a su vuelta al Congreso.

La ley obligará también al Gobierno a hacer efectivas, a partir del 1 de enero, las devoluciones a los agricultores por el exceso de tarifa en el precio del gasoil y deja, tal y como aprobó el Congreso, un plazo de entre 3 y 5 meses a los aparcamientos para adaptarse a las nuevas normas tarifarias.

Asimismo, PP y CIU consiguieron introducir en el proyecto de ley que cualquier grupo o asociación de consumidores pueda defender los intereses generales de los consumidores, independientemente de su representatividad.

A juicio del senador socialista Juan José Palacios, esta medida es "muy peligrosa" porque abre las puertas a que cualquier grupo de presión se pueda constituir en asociación de consumidores y pueda presentar pleitos en representación del conjunto de los españoles. Además, apuntó, va en contra de la propia ley que aprobó el PP, en 2002, que solo permitía representar los intereses generales de consumidores y usuarios a aquellas asociaciones con suficiente representatividad.

FONDO DE GARANTÍA

Finalmente, el PP, con el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes (PNV y CiU), sacó adelante una enmienda que obliga al Gobierno a crear un Fondo de Garantía de Bienes Tangibles con el fin de mejorar la protección de los usuarios y garantizar sus depósitos, en casos como Forum Filatélico o Afinsa.

El senador socialista Juan José Palacios criticó la iniciativa porque, a su juicio, se trata de socializar las pérdidas de unos particulares a costa de los bienes de todos los ciudadanos. "Que el PP quiera socializar las pérdidas merece una bienvenida a la extrema izquierda", sentenció.

El citado proyecto de ley se debatirá en el último Pleno de la Cámara Alta, previsto para la semana del 11 al 15 de diciembre, con el fin de que el dictamen definitivo vuelva al Congreso y sea aprobado antes de fin de año para su entrada en vigor el 1 de enero de 2007.