De esta forma se derogarán, tras un último paso por el Congreso, los artículos del Código Penal introducidos con el Gobierno del PP, en diciembre de 2003, mediante los cuales se condenaba a penas de entre tres y cinco años de cárcel e inhabilitación a aquellas autoridades que, sin tener competencia para ello, convocaran referendos.

Con esta iniciativa el anterior Gobierno del PP pretendía hacer frente a la intención del "lehendakari", Juan José Ibarretxe, de refrendar su proyecto de nuevo Estatuto para Euskadi.

Tras su tramitación en la Cámara Baja, la iniciativa, suscrita por todos los grupos parlamentarios salvo el Popular, fue debatida en la Comisión de Justicia del Senado, donde el PP trató de que prosperaran un veto y siete enmiendas, que finalmente fueron rechazadas, por lo que el pleno votará el texto tal y como llegó del Congreso.