Según una moción presentada por el PP y aprobada esta tarde en el pleno, el nuevo organismo deberá asumir, "en el ámbito exterior y en relación a los trámites y procedimientos que se lleven a cabo en los países de origen de los menores, funciones de apoyo y coordinación entre las administraciones competentes, asistencia a los solicitantes de adopción y control de las actuaciones de las entidades colaboradoras (ECAIS)".

En realidad, el texto definitivo de la moción, consensuado por todos los grupos durante el debate, no es más que una "copia" de una de las recomendaciones de la Comisión Especial sobre la Adopción Internacional que trabajó en la Cámara Alta durante la pasada legislatura, en palabras del senador socialista José Miguel Camacho.

El PP había planteado una moción en la que se pedía la creación de "un instituto de adopción internacional" que "elaborara unos criterios básicos y uniformes" en esta materia "en todo el territorio nacional".

Tanto los socialistas como los portavoces nacionalistas Assumpta Baig (Entesa Catalana), Inmaculada Loroño (PNV) y Jordi Casas (CiU) consideraban que la moción, así redactada, invadía las competencias que las comunidades autónomas tienen en esta materia.

Ante esta situación, el PP y el resto de grupos acordaron modificar el texto mediante una enmienda transaccional, adoptando el de una de las recomendaciones de la citada comisión especial del Senado, lo que hizo posible su aprobación por unanimidad.

La senadora del PP Belén Fernández-Delgado, encargada de defender la moción, explicó que su única intención es que no haya ningún ciudadano que vea que no puede acceder a las mismas oportunidades de adopción internacional que otros en función de la comunidad autónoma en la que resida.

Fernández-Delgado, que fue presidenta de esa Comisión Especial de Adopción Internacional en el Senado, denunció que, por ejemplo, las diferencias para obtener la declaración de idoneidad para la adopción son sensiblemente diferentes entre unas comunidades y otras.