La propuesta fue presentada por la senadora del PP María del Mar Blanco, quien explicó que lo que se busca con esta modificación es “recoger una serie de reclamaciones que demanda el conjunto de funcionarios de prisiones, independientemente de su ideología”.

Blanco mostró su “más firme compromiso” con ellos para “hacer realidad sin demora una reivindicación histórica, como es reconocerles su condición de agentes de la autoridad”. En esta línea, aseguró que su partido quiere “visibilizar los problemas de estos funcionarios públicos y dignificar el trabajo que realizan por los internos y por el conjunto de la sociedad española”.

"Hoy nos encontramos ante una gran oportunidad para iniciar un trámite parlamentario que salde de una vez por todas las deudas que el Estado tiene con los funcionarios de prisiones, porque, sin duda alguna, se merecen la máxima seguridad en el cumplimiento de su labor”, añadió Blanco.

CONDICIONES LABORALES

Además, lamentó que estos funcionarios “se han sentido marginados socialmente y discriminados en sus condiciones laborales, todos ellos tienen la impresión de que sus problemas se quedan al otro lado del muro encerrados en las prisiones”.

El propósito es modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para equiparar la regulación de los funcionarios de prisiones a la de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para así “corregir la falta de seguridad en los centros penitenciarios”.

Los funcionarios de prisiones, representados en el Hemiciclo por sindicatos como CSIF, Acaip, CCOO y Tampm, vienen denunciando que el número de agresiones se ha multiplicado "exponencialmente" en los últimos años “siendo la gota que ha colmado el vaso” el asesinato el pasado mes de marzo de una trabajadora en la prisión de Tarragona.

AGRESIONES EN CENTROS PENITENCIARIOS

La senadora denunció que cada 16 horas se produce, al menos, una agresión contra ellos en los distintos centros, según ponen de manifiesto también las estadísticas anuales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, las cuales recogen que a lo largo del año 2023 se produjo un incremento del 12% con respecto al año anterior.

El PP acusó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska de que se haya llegado “a esta situación de absoluto abandono”, porque “no ha hecho absolutamente nada por mejorar sus condiciones, ha sido incapaz de poner freno y garantizar una adecuada regulación a sus derechos y deberes en un marco de seguridad jurídica y personal".

“Lo único que ha hecho ha sido convertir la política penitenciaria como moneda de cambio, de lo único que se ha preocupado ha sido de realizar los pagos a Bildu y a los independentistas catalanes, presos de ETA, cambio de presupuestos y amnistías a cambio de sillones en La Moncloa”, criticó Blanco.

Por su parte, la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia, señaló que "si lo que pretenden con esta toma en consideración y con esta proposición de ley es la reducción de la conflictividad en los centros penitenciarios, consideramos que las medidas que plantean no son precisamente medidas que por sí mismas vayan a contribuir a ello”.

Beltrán de Heredia apuntó para ello a instrumentos como “la evaluación y la mejora de los protocolos de prevención y actuación frente agresiones”. “Se trata de reforzar e implementar todas aquellas medidas que favorezcan la convivencia y el trabajo en la reinserción de las personas penadas, que no debemos olvidar que es el objetivo primero y último del sistema penitenciario”, añadió.