En la defensa de su veto, la senadora del PNV Inmaculada Loroño reiteró que su grupo está de acuerdo en que la ley es necesaria, pero, añadió, no está bien elaborada.

Loroño explicó que la norma habla de un nuevo derecho de ciudadanía que, sin embargo, no desarrolla en su articulado y se mostró esperanzada en que el texto alcance mayor consenso que el optenido en el Congreso, pues "afecta a todos y debería incluir el sentir y parecer de todos los grupos de la Cámara".

Por su parte, el senador de CiU Jordi Casas subrayó que "el único que puede decir si la ley es o no Constitucional es el tribunal Constitucional".

"De aprobarse como está, esta ley podría invadir competencias autonómicas", por lo que "espero que Esquerra Republicana actúe en consecuencia y plantee recurso de inconstitucionalidad", añadió Casas.

Para rebatir el principal argumento de defensa de los vetos, el senador del Grupo Socialista José Antonio Alonso reiteró que la norma no vulnera competencias autonómicas. "Estamos ante el establecimiento de un marco de igualdad a través de una ley de condiciones básicas y no de una norma básica", indicó.

"Desde el principio respetaremos de forma plena la competencia exclusiva que en materia de servicios sociales tienen las comunidades autónomas", afirmó.

En representación del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara, la senadora Belén Do Campo se manifestó en contra de los vetos, aunque, reiteró, el PP considera "que ésta no es la mejor ley".

Sin embargo, agregó esta senadora, el Grupo Popular entiende que necesita del mayor consenso posible y del apoyo de todas las instituciones.

"El PP está satisfecho de las modificaciones efectuadas en el Congreso" y por eso apoya la norma, aunque sea "críticamente" por considerar que aún puede mejorarse, finalizó.