En la defensa de su veto, el senador de CiU Jordi Casas subrayó que la ley impone "un modelo anticuado del Estado del bienestar" y no respeta el derecho de "libertad de elección por parte de los dependientes" ni de sus familiares.

"Nuestro veto", añadió, además de por un problema competencial, viene dado por un aspecto "de modelo" que llevará a la ley a los tribunales.

Por su parte, Inmaculada Loroño del PNV argumentó para defender su veto que, aunque el articulado de la ley "es muy ambicioso", no parece que pueda ser su desarrollo al partirse de "una situación de cero".

Además, continuó, la Administración General del Estado "entra a legislar una materia exclusiva de las comunidades autónomas, como es la asistencia social". Aunque no se quita la competencia a las CCAA, "se limita su ejercicio y se delimita de qué forma debe ser ejercido", añadió.

Loroño acusó al Gobierno "de no haberse leído" siquiera las enmiendas planteadas por el PNV, que pretenden "mejorar esta ley en todo lo que se pueda".

Por último, el senador de EA José Ramón Urrutia reiteró que su grupo parlamentario comparte los retos y filosofía de este proyecto de ley, porque permite el desarrollo de aquellos servicios que demandan sus usuarios, pero que no puede estar de acuerdo con su "diseño, regulación y financiación, porque no respetan "las competencias de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales".

"DE EXCLUSIVAS EN COMPARTIDAS"

Para responder a los grupos proponentes de los tres vetos, el senador socialista José Antonio Alonso argumentó que el proyecto de ley no vulnera competencias autonómicas en materia de Servicios Sociales, sino que las transforma de "exclusivas en compartidas".

"La norma respeta el orden constitucional de competencias entre el Estado y las CCAA" y garantiza, desde su exposición de motivos, un derecho básico para todos los españoles que lo precisen.

La intervención del Estado, afirmó, viene sustentada por la necesidad de establecer unos criterios únicos y mínimos para todos los ciudadanos, independientemente de cuál sea su lugar de residencia.

Por otra parte, el senador Alonso reiteró que los titulares del nuevo derecho que creará la norma "serán todos los españoles" y añadió que su puesta en práctica actuará sobre la generación de empleo, creando unos 300.000 puestos de trabajo, además de beneficiar directamente a sus usuarios.

Alonso subrayó también que los ciudadanos nunca aportarán más del 30% del coste de los servicios que reciban y aseguró que "nadie quedará fuera del sistema por falta de recursos".

Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario Popular Belén Do Campo reiteró que el PP "ve conveniente y positiva" esta ley, pues responde a una necesidad social de casi tres millones de españoles, pero añadió que se trata de una norma que precisa de mejoras, a pesar de todas las que se han ido incorporando a lo largo de su tramitación.

"Habríamos preferido que los avances hubiesen sido mayores", por lo que el Partido Popular ofrece "un apoyo crítico" a la ley, finalizó Do Campo, quien quiso dejar claro que su grupo "no se queda satisfecho" con el texto actual.

Estos tres vetos se debatieron ya el jueves pasado en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de la Cámara Alta, donde, al igual que hoy, fueron rechazados por mayoría.