El pasado 22 de junio, el informe correspondiente fue emitido al trámite de Ponencia. El próximo paso será la reunión de la Comisión que, en principio, está fijada para la semana del 14 de septiembre.

Los grupos políticos dirigieron 27 enmiendas a los 3 artículos más polémicos del texto, los número 20, 21 y 22.

El apartado 3 del artículo 20, tachado de inconstitucional por la Comisón de Libertades e Informática (CLI), es uno de los más enmendados. Dice que los datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual de una persona podrán ser recogidos y tratados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta".

Tanto el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos como el Grupo Mixto han pedido la supresión de este apatado, mientras que el Grupo Popular y el de Convergència i Unió proponen que el procesamiento de las mencionadas informaciones personales se realice bajo control judicial.

El PNV justifica su enmienda preguntando: "¿Quien asegura y garantiza 'la absoluta necesidad'?". Los nacionalistas vascos añaden que les parecería "hasta cierto punto correcto si, o bien el juez que intervenga en la instrucción del sumario fuera el que lo autorizara, o si, por lo menos, entre los miembros del Consejo Consultivo (artculo 37) se incluyera un miembro de la Judicatura en lugar de un académico de la Real Academia de la Historia".

CONTROL JUDICIAL

En esa misma línea, pero sin pedir la eliminación del apartado 3, razonan los nacionalistas catalanes y el PP. CiU solicita que a la redacción actual se añada "y siempre bajo el control del órgano judicial bajo cuya jurisdicción se realice la misma", mientras que el Partido Popular pide que se incluya "previa autorización judicial".

En cuanto al artículo 21.2 -que otoga a los responsables de la Hacienda Pública denegar al interesado el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o cancelación de los datos "cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en todo caso, cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras"-, el PNV solicita su supresión.

"Nos asombra que los responsables de los ficheros de la Hacienda Pública se equiparen a los miembros de los cuerps y fuerzas de seguridad del Estado", señalan los senadores vascos, "porque aún reconociendo que pueden existir ciudadanos que incumplen sus obligaciones fiscales, no creemos que sean tantos que 'susciten peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado, o la seguridad pública, o que menoscaben la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se están realizando'".

Los nacionalistas vascos añaden que "si así fuera, entendemos que deberían se los jueces y tribunales del Estado quienes intervinieran y no los responsables de los ficheros de la Hacienda Pública".

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular propone añadir un nuevo párrafo que diga que "en ningún caso podrá denegarse el acceso a datos que, por la fecha de su realización, implique la prescripción de la acción para determinar la deuda tributaria o para exigir el cumplimiento de obligaciones fiscales".

El grupo parlamentario que más enmiendas ha presentado a la Lortad es elMixto, con un total de 116. Le siguen el PP, con 58; el PNV, con 29, y CiU, con 19.