Además de la voluntad de los lugareños, el dictamen incluye otros dos factores a tener en cuenta a la hora de decidir los gobiernos Vasco y Castellano-leonés el futuro del enclave: acuerdo político de ambas autonomías y cumplimiento de lo estipulado en los statutos de autonomía.

El Senado recomienda asimismo a los Ejecutivos de Vitoria y Valladolid que creen una comisión bilateral que tenga en cuenta los tres factores mencionados. El senador socialista Octavio Granados, miembro de la ponencia, se ha felicitado por el "amplio consenso" logrado entre todos los grupos políticos.

A su juicio, el dictamen reconoce "los perjuicios que la situación geográfica ocasiona a los vecinos del enclave y que pueden verse subsanados através de convenios y consorcio con participación de las diferentes administraciones".