El PSOE defendió que se rebaje esa edad de los seis años actuales a dos, y que a partir de entonces la tutela de los pequeños se otorgue a entidades del Estado, las comunidades autónomas o casas de acogida.

La senadora socialista Martirio Tesor, presidenta de la Comisión Mixta para los Derechos de la Mujer, indicó que entre 1980 y 1994 el número de mujeres presas se multiplicó por 8, con lo que pasó de 487 a 3.997, y que actualmente hay 221 niños de madres presidiarias que están en las cárceles.

Añadió que la mayoría de la población penitenciaria femenina cuenta entre 21 y 35 años y que el porcentaje que presenta factores de riesgo para la transmisión de enfermedades por vía parenteral y sexual es muy elevado.

Se preguntó si debe la leislación "mantener la posibilidad de que los hijos menores de 6 años de reclusas permanezcan con sus madres en las prisiones o si, por el contrario, es mejor para ellos -sobre todo a partir de los dos años- un sistema de servicios públicos y privados les atienda mientras sus madres están cumpliendo condena".

Martirio Tesoro subrayó que los cambios legislativos que reclama se inspiran en el artículo 39 de la Constitución y en los acuerdos internacionales que velan por los derechos de los menores, como a Declaración de los Derechos del Niño.

A juicio de la senadora socialista, el niño, entre los 8 y los 18 meses de vida, vive un periodo crítico y vulnerable, por lo que la separación de la madre podría resultar traumático, si no se facilita al niño un ambiente familiar alternativo.

Sin embargo, señaló que a partir de los tres años de edad quedan fijadas en los niños ciertos modos de reaccionar ante el mundo exterior y que es negativo que su desarrollo se produzca en un entorno carcelario. "No sedebe aceptar como verdad universal la creencia de que los niños con quien mejor están siempre es con sus madres", agregó.

Tesoro afirmó que si el Estado asume la tutela de hijos cuyos progenitores no cumplen unos mínimos requisitos morales, sociales o materiales, "el mismo tratamiento debería darse a aquellos cuyas madres estén integradas en centros penitenciarios, cuyo ambiente y circunstancias no son los más adecuados para su formación y educación integral".

"Actualmente", concluyó la portavoz ocialista, "existen numerosas vías para proporcionar a estos niños una buena educación sin desvincularlos totalmente de sus familias, como casas de acogida, centros del Estado o de las comunidades autónomas, y otras entidades que velan por los menores hasta que sus madres puedan atenderles en libertad".