Esta es una de las recomendaciones incluidas en el informe de la ponencia de estudio de los derechos de concursantes y audiencia, en relación con concursos, juegos y apuestas, que debe aprobar el pleno de la Cámara Alta en el perido de sesiones que se inicia esta semana.

Para los senadores que han elaborado el informe, con la publicidad de los contratos se trataría de proteger a los concursantes.

"Estos contratos suelen tener un carácter reservado y de difícil acceso; sin embargo, en la medida que pueden implicar la renuncia de derechos de la personalidad o que sean contrarios a la ley, al orden público o a la moral, deberían ser depositados ante fedatario público para conocimiento de las personas que tuvieran un interés egítimo en la cuestión", dice el texto del informe.

La principal conclusión de la ponencia es la necesidad de configurar un marco legal que regule las actividades audiovisuales para todo el territorio del Estado, es decir, una ley de lo audiovisual que sirva de marco para las diferentes legislaciones autonómicas.

Este marco deberá contener una iniciativa legislativa que regule el derecho de explotación de imagen y la cesión de esos derechos, especificando el alcance y los límites, pero aprovechano para dejarlo fijado no sólo en el ámbito de los concursos televisivos, sino también en otros sectores, como los espectáculos, el fútbol, el "merchandising", etcétera.

CONSEJO AUDIOVISUAL

El informe que aprobará el pleno del Senado también propone la creación de un Consejo Audiovisual, elegido por el Parlamento con mayorías reforzadas y entre profesionales independientes y con amplia experiencia en la materia, con el fin de "garantizar la libre difusión y recepción de las emisiones sonoras y televiivas, sea cual sea el medio técnico de difusión empleado y la forma de gestión de las mismas".

Para la creación de esta institución, que ya fue reclamada por la propia Cámara Alta en 1995, el informe alaba los ejemplos de los dos consejos audiovisuales autonómicos existentes, el de Cataluña y el de Navarra.

La ponencia se ha preocupado especialmente también de estudiar el fenómeno de los numerosos fraudes cometidos en los llamados "cibercasinos" a través de Internet. Ante el "peregrinaje administativo" que muchos defraudados por este procedimiento han sufrido al declararse incompetentes las comunidades autónomas, los senadores reclaman "determinar de forma clara y contundente cuál es la autoridad competente sobre juego en Internet".

La ponencia estuvo impulsada por la portavoz popular en la materia, Eva Navarro, pero desde el principio contó con la desaprobación del PSOE, que ha incorporado un voto particular al informe en el que pone de manifiesto estas diferencias.

La senadora socialisa Ana Isabel Arnáiz destaca en este voto particular que la ponencia se aprobó sólo con los votos del PP, que sólo han participado en ella senadores populares y "ocasionalmente de CiU", así como el incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo del Senado que en 1995 pidió la creación del Consejo Audiovisual.