Villanueva fue detenido el 28 de abril de 2004 en Santa Cruz de la Sierra por miembros de la Policía Técnica Judicial acusado de participar en el atentado que costó la muerte a la fiscal de Aduanas Mónica Von Borries y de pertenencia a una organización criminal.

Once meses después, Villanueva sigue en prisión preventiva y la fiscalía solicita para él una pena de 30 años, según el texto de la moción, defendida esta tarde en el pleno por el senador socialista Enrique Abad.

El padre del detenido, Francisco Javier Villanueva, asistió al pleno del Senado y, en los pasillos de la Cámara, denunció que su hijo está "acusado injustamente", incluso "secuestrado", se han vulnerado sus derechos y está "sufriendo torturas".

Aseguró que no sabe por qué han detenido a su hijo, ya que no tiene nada que ver con los hechos que le atribuyen. El detenido, que regentaba un negocio de restauración desde hace cuatro años en Bolivia, "mantiene la entereza por su convicción absoluta en su inocencia, aunque también tiene desesperación y ansiedad por los meses recluido", según su padre.

No obstante, Villanueva también mostró algo de esperanza en que las gestiones del Gobierno español den resultado, ya que incluso el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, ha transmitido a la familia "todo su apoyo" y le ha prometido realizar "todas las gestiones para la pronta resolución" del caso.

El texto definitivo de la moción agrega un párrafo, consensuado entre todos los grupos de la Cámara, por el que se insta al Gobierno a poner en práctica las recomendaciones que en 2002 emitió la ponencia del Senado que estudió la situación de los españoles internados en prisiones en el extranjero, sobre todo en lo referente a las medidas de carácter paliativo y asistencial.