A través de la declaración, idéntica a la aprobada por el Congreso, la Cámara Alta solicita al Gobierno español que exija de las autoridades afganas "el esclarecimiento de los hechos, la persecución penal de los autores y la definitiva abolición de la lapidación y de todas las prácticas degradantes contra las mujeres".

El Senado expresa su "enérgico rechazo a tales prácticas inhumanas y contrarias a todas las declaraciones internacionales de derechos humanos".

Asimismo, reclama "una condena severa y una profunda reflexión sobre los gravísimos ataques a los derechos humanos fundamentales que sufren las mujeres en Afganistán".